Matías Gatica Lindsay

En la denominada "Operación Orión 2", la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones detuvo a 95 personas involucradas en la tenencia y distribución de material pornográfico infantil.

Luego de una indagatoria que duró aproximadamente cuatro meses, que culminó en mayo de este año, y en la que participaron más de 200 efectivos de la PDI, ayer se confirmó la detención de estos 95 sospechosos de tener material sexual de menores.

De los apresados, 94 son hombres, casi ninguno renía antecedentes penales, son solteros y en su gran mayoría no tienen hijos.

Para conseguir estas detenciones, la institución realizó un centenar de allanamientos en todas las regiones del país, donde encontraron e incautaron 179.947 imágenes y 32.902 videos con material de explotación y/o abuso sexual infantil.

Según detalló el jefe nacional de la Brigada del Cibercrimen, prefecto, Maximiliano Mac-Namara, la mayoría de los detenidos "son por almacenamiento. Sin embargo, también detuvimos personas por distribución, comercialización y también por abuso sexual. En ese sentido, capturamos a dos personas que se encontraban prófugas de la justicia por delitos de abuso sexual a menores de edad".

El oficial comentó que uno de los imputados cometió "un abuso sexual in fraganti en el contexto de la pornografía infantil".

La PDI indicó que sacaron de su entorno abusivo a dos menores, lo que calificaron como " el principal resultado de esta gestión".

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que participaron 28 persecutores de todas las fiscalías regionales en esta investigación y que de los detenidos 85 pasaron a control de detención y fueron formalizados por diversos delitos.

La PDI aseguró que la investigación no termina y que ahora viene la parte "más importante", que es orientación a las víctimas, identificación de ellas y "en lo posible rescatarlas del entorno abusivo".

En la "Operación Orión 1", realizada en agosto del año pasado, se detuvo a 55 personas por delitos de esta índole, un 88% por abuso o almacenamiento de material con abuso sexual de menores. Se incautó además 2,22 terabytes, 25.613 videos y 222.577 imágenes de pornografía infantil.

Gemita Bueno, quien pasó de ser calificada como "testigo clave" en la red pederasta que encabezaba el empresrio Claudio Spiniak y terminó condenada por falso testimonio luego de confirmarse que no fue víctima de abuso, fue detenida por la PDI al ser descubierta manejando un auto con encargo por robo en Villarrica, en La Araucanía.

Esto ocurrió el jueves, cuando personal de la Bicrim se percató que un vehículo transitaba con una placa patente con indicios de fabricación artesanal.

Al revisar los registros, los policías detectaron que correspondía a la de un auto que transitaba por Punta Arenas, Región de Magallanes, y a la vez confirmaron que el vehículo que conducía Bueno, avaluado en 15 millones de pesos, tenía encargo por robo desde el 22 de febrero del 2021 en Maipú, Región Metropolitana. Además se dieron cuenta que los documentos del auto presentados por la mujer eran falsos.

La sospechosa fue puesta a disposición del Ministerio Público, que la formalizó por los delitos de receptación de vehículo motorizado, falsificación de documento público e infracción a la Ley de Tránsito, por los que quedó con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

Bueno tenía antecedentes policiales por hurto, además de una condena de 4 años de libertad vigilada por falso testimonio en el caso Spiniak, en el que reconoció que nunca fue abusada sexualmente.

Luego que la exvocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dijera el domingo pasado a La Tercera que los excedentes que las isapres debían devolver los sobreprecios cobrados desde 2020 sólo a los cotizantes que demandaron, el Gobierno y cuatro aseguradoras presentaron recursos de aclaración. Ayer, el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, informó que la Tercera Sala había resuelto todos los escritos de aclaración y los rechazó. "En consecuencia, se mantienen los fallos en los términos en que fueron pronunciados para los casos en que se dictaron" y agregó que "no hay nada que aclarar". Con ello, se mantendrían los efectos generales que interpretaron todas las partes en el veredicto de 2022, lo que implicaría rebajar planes y devolver dinero a 720 mil cotizantes afectados por el sobreprecio.