No sólo huellas en el pavimento, los semáforos o las plazas dejó el estallido social, que también vivió la región a partir de octubre del año pasado. Hay huellas más profundas, las personales, de las cuales algunas están en proceso de investigación y otras esperan poder ser indagadas.

Muchos de estos efectos quedaron plasmados en las distintas investigaciones penales en curso, así como también querellas por violaciones a los Derechos Humanos.

Con respecto a esto último, el director regional del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), Víctor Hugo Lagos, explicó que desde el 18 de octubre del año pasado hasta el día de hoy se han hecho presentes en distintas manifestaciones para que se haga cumplimiento de los protocolos que mantienen las fuerzas de seguridad y orden.

"Tenemos analizados los protocolos de cada institución, porque algunos son distintos, y efectivamente damos cuenta del cumplimiento o incumplimiento de estos protocolos para controlar el orden público, eso sólo se hace estando en la calle, y así lo hemos hecho", manifestó el director regional del INDH, Víctor Hugo Lagos, quien señaló que desde el 18 de octubre a la fecha, el Instituto ha observado un total de 21 manifestaciones, incluyendo la última registrada durante el aniversario del 18-O.

"Nosotros tenemos la facultad legal de poder ingresar a los calabozos en donde se encuentran las personas detenidas, independiente del delito por el cual fueron detenidos, y constatar el estado en el que se encuentran, así como también el cumplimiento de protocolos dentro de las unidades policiales, como por ejemplo, no desnudar personas, o que cualquier tipo de control de vestimentas lo hagan personas del mismo sexo", destacó el director regional, detallando que en total se han entrevistado con 145 personas en las comisarías, en coordinación con la Fiscalía de Arica y la Defensoría Penal Pública.

Querellas

Además de constatar y tomar contacto con las personas que han resultado afectadas en el contexto de manifestaciones, el INDH también se ha desplegado en el Hospital Regional, realizando 41 observaciones a hospitales entre el 18-O y el mes de abril del presente año, detectando a 27 personas lesionadas en el servicio de urgencias.

"El año pasado, recibimos 94 denuncias que se transformaron en 66 querellas y que representan a 75 víctimas; 60 hombres adultos, 9 mujeres y 6 niños, niñas y adolescentes", detalló Víctor Hugo Lagos, destacando que el número de querellas recientemente ascendió a 67.

"Nosotros presentamos estas querellas, principalmente por apremios ilegítimos, pero también tenemos querellas presentadas por torturas y torturas sexuales, entre otros delitos. Como INDH, un 83% de las querellas fueron presentadas en contra de Carabineros de Chile, 15% en contra de las Fuerzas Armadas y un 2% en contra de la PDI", señaló el director regional, quien además destacó que no hay ninguna formalización asociada a estos hechos a la fecha en la región.

"De las 75 víctimas que nosotros representamos, 65 daban cuenta de lesiones físicas, y ponemos un énfasis en las causas que terminaron con traumas oculares por la gravedad y la necesaria reparación integral que estas personas necesitan (...) De 6 casos por trauma ocular, hay dos personas que han tenido pérdida de la visión de manera irreversible", acotaron desde el INDH, afirmando que también hay casos de lesiones por impacto por perdigones, de fracturas en la cara o en otras partes del cuerpo, así como también quemaduras provocadas por lacrimógenas.

Querellas

Por otra parte, un considerable aumento de ingresos de causas por distintos delitos asociados al estallido se registró durante el último trimestre del año 2019, así lo informó el defensor regional Claudio Gálvez de la Defensoría Penal Pública (DPP).

"El mismo 18 de octubre, comenzamos a hacer turnos presenciales de defensores en las comisarías, precisamente para velar por los derechos humanos de los detenidos en coordinación con el INDH", manifestó el defensor regional, quien además destacó la intensa labor que desplegó la DPP en la defensa de sus representados con respecto a sus determinadas causas.

"Se duplicó la cantidad de ilegalidades de la detención durante aquel trimestre del 2019, si se compara con las cifras del año anterior. El aumento de ingreso de causas subió un 21,4% durante los meses octubre, noviembre y diciembre", constató Gálvez, junto con detallar que de ese aumento, en su mayoría se trataba de causas por desórdenes públicos y violación del toque de queda.

"Hubo una actividad intensa de la Defensoría en las audiencias de control de detención, sobre todo por la declaración de ilegalidades (...) De las casi 120 ilegalidades de la detención solicitadas en el último trimestre del 2018, se dieron 11, pero el 2019 esa cifra se dispara y se solicitan casi 230 ilegalidades, siendo concedidas 28 por el tribunal", agregó Claudio Gálvez.