La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que se lleva a cabo estos días bajo el lema "Acelerando el cambio", tiene un desafiante punto de partida para buena parte de la población, pues cerca de 2.200 millones de personas no pueden acceder todavía a agua dulce segura.

El caso de nuestro país es diferente, pues tomar agua potable en las ciudades de Chile es un acto garantizado y seguro para la salud gracias a la visión de Estado y al trabajo multi actor y de largo aliento realizado en las últimas décadas en materia de agua y saneamiento (logro gigante que muchas veces se vuelve natural e invisible). Pero a su vez, tenemos el enorme reto de hacer frente al cambio climático y sus efectos, en especial la mega sequía que se prolonga por ya más de una década.

Para los servicios sanitarios ese es justamente, y desde hace varios años, el principal desafío. Con una mirada de largo plazo, pero también ajustada a la realidad de cada zona del país, es que nos trazamos el objetivo de mantener la amplia cobertura, continuidad y altos estándares de los servicios sanitarios urbanos. La gran lección de estos años es que las soluciones no pasan por el esfuerzo de un sólo actor, sino en trabajar cada vez más unidos y coordinados para impulsar condiciones propicias para la implementación de estas soluciones adaptadas a las diversas realidades hidrológicas de nuestro extenso territorio y esa es la convicción que mueve a la industria sanitaria nacional de cara a los próximos años.

Lorena Schmitt C., Presidenta Ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios ANDESS

La nueva ley N°21545 conocida como "Ley TEA", que establece la promoción de la inclusión y atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) en el ámbito social, de la salud y educación, también considera principios aplicables a la niñez y juventud en Chile, convergiendo en una ley que apunta a la inclusión de personas TEA y sus familias de manera integral.

Con esta ley uno de los debates recientes ha sido que padres, madres y/o tutores de niños, niñas y adolescentes con TEA tengan el derecho de acudir a emergencias ocurridas en los establecimientos educativos, contando con un permiso garantizado por parte del empleador y el ministerio de trabajo.

Este tiempo destinado por el cuidador principal por motivos de emergencias relacionadas a niños, niñas y adolescentes TEA que cursen hasta educación media, es considerado tiempo trabajado y no puede ser causal alguna de despido para el trabajador.

Claramente, esta cláusula puede crear dificultades para las empresas debido a desconocimiento y la obligatoriedad de la misma, pero quiero contarles que es una realidad difícil que ya existe en la sociedad, en la que padres y madres presentan dificultades inherentes a la emergencia ocurrida con su hijo/a en los establecimientos educacionales.

Además, se suman problemas socioemocionales con la forma de salir del trabajo y relacionarse con jefatura, se estresan por la pérdida de horas de trabajo y de dinero por esta causa debido a los descuentos, y esto causa un círculo de estrés muy difícil, que indudablemente crea efectos sumativos adversos.

Por ende, el articulo artículo 66 que se integra al Código del Trabajo es una solución significativa para las personas que cuidan a personas con TEA y aporta para crear sinergias positivas entre la educación, el trabajo y la salud construidas por los aportes de la sociedad civil, el estado y el sector privado.

Invito entonces al diálogo social para ir desmalezando el camino que permite la inclusión en todas las esferas de la vida, y me alegro a la vez de que, aunque existe demora en las resoluciones, estas se realicen con fines que muchos esperamos socialmente.

Pavel Cuevas Zhbankova

Académico Terapia Ocupacional

Universidad San Sebastián

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