La primera dama es una construcción simbólica y cultural que no tiene una fecha de origen definida en el tiempo, pero que surge con fuerza en la historia norteamericana en el movimiento republicano liberal a fines del siglo XVIII. Se arraiga en el hábito político como acompañante del Presidente, y fue tomando progresivamente mayores y más complejas funciones dependiendo del país y contexto histórico en el cual se sitúe. Así, en América Latina nos encontramos con figuras de la talla de Eva Perón en Argentina o de Juana Aguirre Luco en Chile. En nuestro país, su rol asumió un foco social vinculado a labores de apoyo en instituciones u organizaciones como Fundación Integra, Orquestas Juveniles de Chile o la Fundación para la Familia. No es menor señalar que es un cargo ad honorem, por lo que su gestión tiene un fuerte componente vocacional.
Hoy nos enfrentamos a un escenario de debate donde se está repensando el rol de la Primera Dama, lo que sumando a la reciente confirmación de Irina Karamanos de dejar estas funciones, abrieron el debate público en torno al tema.
En términos prácticos, las funciones y tareas relacionadas con las organizaciones y fundaciones adscritas al cargo podrían ser absorbidas sin problemas por los ministerios competentes, allí la problemática que se presenta es que dado que es un cargo no institucionalizado y sin fondos propios, sino que dependiente de la jefatura del gabinete, es probable que los presupuestos asociados a estas instituciones se vean directamente afectados, ya sea por reducción en los montos o por aumento de las gestiones burocráticas asociadas.
De todas formas, cabe destacar que en pleno siglo XXI, donde el rol de la mujer en la política tiene otras aristas, las funciones de la Primera Dama debiesen ser esencialmente protocolares y no obligatorias. No debería desaparecer, pero sí transformarse a partir de una decisión del Ejecutivo en torno a ello: se institucionaliza formalmente, con todas las atribuciones y competencias que esto implica, o queda como una función estrictamente protocolar.
Andrea Alfaro Académica de la Facultad de Comunicaciones y Artes Universidad de Las Américas
