Macrozona Sur tendrá presencia militar hasta el cambio de mando
Congreso aprobó novena prórroga del estado de excepción con votos en contra de dos futuros ministros. Gobierno analiza pedir otra ampliación.
Diego Gotelli C.
En sesiones especiales interrumpiendo el receso legislativo, el Congreso aprobó ayer una nueva extensión del estado de excepción que rige desde octubre en la Macrozona Sur, autorizando que la presencia militar se mantenga por 15 días más en cuatro provincias del Biobío y La Araucanía.
Temprano la medida debió sortear un paso por la Cámara de Diputados donde el oficialismo temía no reunir el quórum dadas las vacaciones de los parlamentarios. Sin embargo, la aprobación por 72 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones tuvo mayor adhesión que la última prórroga visada en la instancia.
Luego el Senado replicó el visto bueno, respaldando la herramienta con 14 votos a favor y 6 en contra.
Con esta, ya son ocho veces que el Gobierno acude al Congreso para pedir extender el estado de excepción, y el ministro del Interior, Rodrigo Delga, dejó abierta la puerta para una nueva solicitud.
"No lo descartamos y es perfectamente posible que así ocurra", dijo, precisando que dicha petición se podría dar días antes del vencimiento de la aprobada ayer.
Con la extensión la presencia militar se mantendrá hasta el 11 de marzo, mismo día en que asumirá la Presidencia Gabriel Boric, cuyo equipo ha manifestado su desacuerdo con seguir con esta medida.
En el Congreso ayer dos futuras ministras y actuales diputadas votaron en contra de la solicitud del Ejecutivo. Fueron la próxima titular de Minería, Marcela Hernando (PR), y la siguiente ministra de Defensa, Maya Fernández (PS).
Entre los futuros miembros del gabinete también hubo quienes no votaron, como el senador Carlos Montes (Vivienda), y que no asistieron por estar con permiso sin goce de sueldo como Camila Vallejo (vocera) o por pareo como Giorgio Jackson (Segpres).
En el debate parlamentario los detractores señalaron que los crímenes recientes han ocurrido aún con presencia militar y lo consideraron una medida "fracasada", mientras que sus defensores aseguraron que levantarlo hará más violento el escenario.
Según el Gobierno, en su vigencia los hechos de violencia bajaron un 47%, se redujeron 73% las tomas de terreno, y se han incautado 978 armas.