Constanza Espinoza Morales

Apartir de este martes, se inició en la frontera el Estado de Excepción en la región anunciado por el ministro del Interior, y con ello el proceso de reconducción de migrantes que se enmarca en la nueva Ley de Migraciones. Dichos cambios, fueron informados en detalle a las autoridades regionales con la presencia de personal de Ejército, Carabineros, Policía de Investigaciones y de Armada.

En ese contexto, el general de Brigada Guillermo Altamirano señaló que actualmente hay más de 130 funcionarios de Ejército, Carabineros, PDI y Armada efectuando una vigilancia fronteriza en nuevos puntos de observación, así como también patrullajes motorizados durante las 24 horas, desde el Hito 1 hasta el 23.

"La idea es contribuir a evitar que migrantes pasen por pasos ilegales e ingresen de esta manera a nuestro país (...) Cuando se detecta a una persona, le informan a Carabineros o a la PDI, se conducen a puntos específicos en donde está la Policía de Investigaciones, que tiene que hacer los registros correspondientes, y luego son reconducidos a la frontera donde la PNP los está esperando", señaló el general Altamirano.

Desde las 00.00 horas hasta la tarde de ayer, ya se registraban 52 migrantes reconducidos por la PDI, según consignó el jefe de la defensa en la región.

Con respecto a la labor fronteriza, el delegado presidencial Roberto Erpel destacó que "asumimos un compromiso como Gobierno y hoy vemos un escenario distinto al de antes de decretar estado de excepción constitucional de emergencia. Hemos puesto un verdadero candado en nuestras fronteras a objeto de evitar el ingreso de estas personas".

Además, Erpel destacó que se está trabajando en los recursos desde el gobierno central que se puedan disponer para ir en apoyo de esta intensa labor en la frontera.

A evaluar el proceso

Por su parte, el gobernador regional Jorge Díaz valoró este decreto de Estado de Excepción, el cual abarca desde el límite internacional hasta la ruta 11CH.

"Hay que evaluar, creo que esta medida no es única, son medidas que en su conjunto van a fortalecer no solamente el resguardo de la frontera, sino que también ver en cómo las personas que ya han ingresado por pasos ilegales que mantienen su intención de permanecer en Chile, qué tipo de deberes o derechos deberían cumplir. (...) Como sociedad chilena hay que también evaluar y revisar si la política migratoria es la encargada de solucionar este tipo de definiciones que tiene que tomar el país", agregó el gobernador Díaz.

En el marco del Estado de Excepción decretado en la zona, la jefa regional de la PDI, prefecta inspectora Claudia Domínguez, se refirió a la nueva Ley de Migraciones, que faculta a la institución al proceso de reconducción, una nueva misión que adquiere esta policía.

"La PDI es la única que puede hacer este trámite administrativo de la reconducción, y hoy estamos siendo apoyados por Carabineros, por la Armada y por el Ejército. Somos responsables de la tramitación administrativa, de las actas, de las notificaciones y registros de los ilegales que están tratando de ingresar al país para una futura sanción, en caso de que sean reincidentes", así lo explicó la prefecta inspectora Domínguez, quien destacó que la PDI es la responsable de reconducir a las personas a la PNP.

Según consignó la jefa regional de la PDI, en el caso de que una persona reconducida intentara reingresar al territorio nacional, existen sanciones que van desde los 6 meses a un máximo 5 años de prohibición de entrada del país.

"Estamos haciendo un trabajo bastante fuerte, nos estamos desdoblando en nuestras misiones, reforzando la frontera para dar cumplimiento a esta facultad que hoy la Ley nos da. Estamos haciendo todo lo posible para que esta ciudad vuelva a su normalidad", agregó.

Ante la implementación del Estado de Excepción y la nueva Ley de Migraciones, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, señaló que entregarán mejores armas a los organismos públicos y Fuerzas Armadas en la lucha contra diversos ilícitos transnacionales.

Así, tras conocer en detalle cómo será aplicado el reglamento de la Ley de Migraciones, enfatizó que dicha medida permitirá robustecer la respuesta regional ante el aumento alarmante de bandas dedicadas al tráfico de personas, que pueden derivar en otros crímenes como el tráfico de órganos o las redes de explotación sexual.

"Que haya más presencia de las policías y del Ejército por supuesto que ayuda a enfrentar a las bandas de tráfico de personas. Es fundamental entender que los coyotes son el último eslabón de una organización mucho más grande, acá tenemos que atacar con todo a estas bandas que son tan

peligrosas como las de narcotráfico", señaló el jefe comunal.

Mayores recursos

En ese contexto, para el alcalde Espíndola, el decreto de estado de excepción en el norte de chile es la primera vez que el Estado reconoce la situación migratoria como una emergencia real.

Hasta la fecha y según lo informado, la Municipalidad de Arica era el único organismo público a nivel nacional que había decretado emergencia por esta situación, un problema transversal que afecta desde Arica hasta Antofagasta.

Junto con ello, señaló que dicha medida venga apalancada con mayores recursos estatales, dado que actualmente la crisis migratoria sigue siendo un problema regional, un enfoque totalmente errado dado que la protección y administración de la frontera es un problema de Estado y no de una comuna.

"Es fundamental que, si se requieren recursos para poder aplicar la normativa, acá también vengan recursos del nivel central para poder afrontar esto. Hay que recordar que esta no es la frontera de Arica con Tacna, sino es de Chile con Perú y, por tanto, es un problema del Estado de Chile que tiene que tener las mejores condiciones del mundo, tanto para el personal del Ejército como de Carabineros, la Armada y la PDI para que puedan desarrollar un trabajo lo más óptimo posible", enfatizó.