Recibimos esta semana la noticia de que Chile ocupa el segundo lugar entre 30 países donde más ha empeorado la salud mental durante la pandemia. Pero la precariedad de la salud mental en Chile no es novedad, ha sido alertada desde hace años por expertos, organismos internacionales, agrupaciones de familiares, frente a un Estado con un actuar negligente y a destiempo ante la contundencia de cifras, incluso anteriores a la pandemia.

Según la OMS, tenemos uno de los mayores niveles de depresión en América Latina. Los síntomas de depresión severa se dan 8 veces más en personas con menores ingresos, son más altos en mujeres y más severos a menor nivel educacional de las personas. Es paradojal que solo destinemos un 2,3% del presupuesto de salud a la salud mental, cuando la recomendación internacional para Chile es una inversión de al menos un 5%.

La magnitud y complejidad del problema es enorme para pensar en soluciones pequeñas, aludiendo a la Ley de Salud Mental recientemente aprobada en el Congreso y ad-portas de ser promulgada. Existe consenso en que es insuficiente. Se requiere de una respuesta robusta de política pública. Es el Estado quien debe entregar a los ciudadanos una legislación con estándar de derechos garantizando calidad, oportunidad y pertinencia de servicios y prestaciones en salud mental a lo largo del ciclo de vida, con la participación de las personas y comunidades que se verán impactadas, con una perspectiva integral que incluya promoción, prevención, tratamiento y recuperación.

Finalmente, debe garantizar sustentabilidad y progresividad, con un financiamiento suficiente para implementar una politica de salud mental que mejore efectivamente la calidad de vida de las personas, familias y su comunidad, y así no repetir que "no lo vimos venir".

María Isabel Robles M. y

Carlos Vohringer C.

Dirección Social Nacional

Hogar de Cristo

Existe un desconocimiento del impacto que ha tenido la pandemia en la formación de los estudiantes de la salud. Esta formación tiene un fuerte componente clínico que se realiza en alianza con centros de salud familiar, hospitales y clínicas del país. Sin embargo, debido a la urgencia sanitaria que vive nuestro sistema de salud, las prácticas clínicas fueron en un primer momento suspendidas y luego restringidas a alumnos de últimos años, además de una disminución considerable de cupos por carrera. Esto ha significado entre otras cosas, un retraso en la tasa de titulación de muchos estudiantes de la salud y un detrimento en la formación clínica y de competencias relacionales de los alumnos de los primeros años, ya que simplemente no han podido pisar un hospital. A pesar de lo anterior, muchos estudiantes han acudido a apoyar a los sistemas de salud asumiendo roles diversos como tareas de seguimiento y trazabilidad de contactos, vacunación y tomas de PCR entre otras.

La vocación de servicio de los alumnos no puede ser puesta en duda, tanto ellos como sus docentes están disponibles para apoyar a los hospitales y consultorios del país, sin embargo, son los mismos hospitales quienes han puesto restricciones y barreras para que esta ayuda pueda aliviar en parte la sobrecarga de los equipos de salud en la batalla contra el coronavirus. Estamos disponibles a asumir junto con los estudiantes, tareas y actividades conforme al nivel de competencia de los alumnos, pero para eso necesitamos que nos abran las puertas de las instituciones de salud.

Consuelo Cerón

Bernardita Achondo

Araceli Echeverría

Facultad de Enfermería y Obstetricia Universidad de los Andes

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