Redacción

Un total de 280 testigos, además de abundante prueba material y documental presentará la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica en el juicio oral en contra de seis acusados que integrarían una organización que habría estafado a más de 100 víctimas en la venta de casas que supuestamente se encontraban en proceso de remate, y que alcanzó un monto de casi mil 500 millones de pesos.

El juicio oral por estos delitos comenzó este martes y el ente persecutor presentará el testimonio de 111 víctimas, en el marco de una investigación dirigida por el fiscal Daniel Valenzuela, quien trabajó junto a la PDI.

Modus operandi

De acuerdo a la investigación de Fiscalía, a partir del año 2014 el acusado L.R.G comenzó a ofrecer inmuebles de la ciudad de Arica que supuestamente se encontraban en proceso de remate en el marco de una causa radicada en el Segundo Juzgado Civil de Santiago.

En ese contexto, se habría concertado con los otros acusados O.L.O y P.C.V., para que este último, en su calidad de egresado de la carrera de Derecho, simulara realizar las gestiones legales en la capital a fin de adjudicarse las propiedades. Así, según el ente persecutor, habrían ofrecido a las víctimas adquirir el inmueble en el remate a un menor valor del precio comercial con la condición que se debía cancelar anticipadamente el 50 por ciento del precio para reservar la casa y el resto una vez entregada.

En tanto, durante el año 2015 se habrían sumado a esta organización los acusados G.P.C y su cónyuge S.V.V, además de la también egresada de Derecho N.J.B., dedicándose a captar personas para ofrecerles las propiedades en remate.En ese contexto, G.P.C y su esposa ofrecieron el negocio a varias personas que le cancelaron millonarias sumas con el objetivo de adjudicarse una propiedad; sin embargo, jamás recibieron los inmuebles. Asimismo, la indagatoria estableció que los acusados exhibían a los afectados actas de adjudicación falsificadas.

La Estrella

Tras denuncias recepcionadas por la Seremi de Salud, debido a la calidad del agua distribuida por el Agua Potable Rural de Putre, la autoridad sanitaria determinó que los resultados obtenidos en muestreos de agua tomadas en la red de distribución y estanques de almacenamiento, 6 de 7 muestras analizadas presentaron valores de arsénico y hierro por sobre el límite máximo establecido en el DS 735/69. Siendo la concentración más alta detectada en las muestras de 0.123 mg/L para arsénico y 7.78 mg/L de hierro.

Conforme a lo que establece la normativa vigente, "el agua destinada al consumo humano no deberá contener elementos o sustancia químicas en concentraciones totales mayores que las indicadas", con un límite máximo para arsénico 0,01 mg/L y 0,3 mg/L de hierro.

Evaluados los resultados de la inspección realizada el 17 de diciembre, la autoridad sanitaria determinó suspender la elaboración de alimentos y el consumo de agua distribuida por el APR, mientras se determinan los factores que se encuentran incidiendo en los niveles de arsénico y hierro detectados.

La SEREMI de Salud solicitó a la Gobernación de Parinacota abastecer a la localidad de agua segura y a la brevedad posible.

En este contexto, el gobernador Mario Salgado señaló que "estamos gestionando a través de dos mecanismos de intervención. El primero es la compra de agua potable para consumo a través de recursos del Fondos de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. De forma paralela, se gestionan recursos del Fondo de Emergencia que administra ONEMI para cubrir otras necesidades ligadas a la alerta".

La Cámara Baja aprobó en general el proyecto de ley que sanciona el acoso sexual en el ámbito académico. Iniciativa que -a juicio del diputado ariqueño Nino Baltolu- "es fundamental para erradicar este tipo de conductas de las instituciones de educación superior del país".

El legislador explicó que "este proyecto viene a complementar las medidas que estas instituciones adopten en materia de prevención y sanción del acoso sexual, estableciendo que además se deberán crear protocolos claros para prevenir estas prácticas y habilitar unidades especializadas para llevar adelante los procesos de investigación de casos de acoso, violencia y discriminación de género".

"El acoso sexual en el ámbito académico es un problema del cual como sociedad nos debemos hacer cargo. No sólo debemos fijar sanciones claras frente a estas lamentables conductas, sino que también trazar el camino hacia un cambio cultural de total respeto", señaló. Y agregó: "Asimismo, esta iniciativa establece normas muy claras respecto de la protección y reparación de las víctimas, asegurando que los protocolos deberán velar por resguardar su bienestar y hacer todo lo posible para sancionar a los responsables".

Las sanciones ante casos de acoso sexual podrán contemplar medidas como la suspensión para el ejercicio de ciertos cargos y funciones, la remoción del cargo, la cesación de funciones, la imposibilidad de acceder a financimientos extraordinarios e incluso la suspensión o pérdida de la condición de estudiante. En tanto, será la Superintendencia de Educación Superior la encargada de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se establezcan para erradi car el acoso sexual, la violencia y discriminación.