Redacción - La Estrella

Un nuevo proceso de expulsión del país de ciudadanos peruanos privados de libertad en diversos centros penitenciarios se llevó a cabo ayer en el control fronterizo de Chacalluta.

El operativo fue coordinado por diversos servicios públicos y policiales, participando la Policía de Investigaciones de Chile, Gendamería, la cancillería chilena y la gobernación provincial de Arica que tiene a cargo la administración del complejo aduanero de Chacalluta.

En esta oportunidad, el operativo consistente en la pena sustitutiva de expulsión benefició a 60 ciudadanos peruanos, 45 hombres y 15 mujeres.

Los beneficiados fueron trasladados desde diferentes centros carcelarios del país.

Desde el centro penitenciario de Arica los favorecidos con la pena sustitutiva, fueron 26 reos.

Desde la cárcel de Iquique fueron 13 personas; desde Tocopilla, un sujeto, Copiapó 3, Calama 1, y Santiago 16 peruanos.

En cuanto a los delitos cometidos por estos extranjeros y por los cuales cumplían diversas condenas privativas de libertad, están las causas de tráfico de drogas, homicidios, tráfico de migrantes, robo con violencia y robo con intimidación.

De estos delitos un 51 por ciento corresponde a la ley 20.000 que sanciona el tráfico de drogas.

La gobernadora provincial, Mirtha Arancibia, señaló que este operativo llevado a cabo en conjunto por todas las entidades encargadas se cumplió con todas las medidas sanitarias de acuerdo a los protocolos en pandemia.

Asimismo, recordó que los 60 ciudadanos extranjeros beneficiados con la medida de pena sustitutiva de expulsión no pueden volver a territorio nacional.

La medida de expulsión y prohibición de reingresar a Chile rige por 8 años.

La caravana de ciudadanos peruanos una vez controlados en Chacalluta por Migraciones quedaron a disposición de la policía peruana en el sector de Santa Rosa.

45 de los extranjeros expulsados del país son hombres y 15 son mujeres.

51% de los delitos cometidos por este grupo de beneficiados son por tráfico de droga.

Tras presentar diversas pruebas durante el juicio oral, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica y Parinacota logró condenar a R.S.M., acusado por distribuir y lanzar bombas molotov contra personal de Carabineros, durante la manifestación registradas el 28 de octubre del año pasado en las cercanías de la Gobernación Marítima.

La Fiscalía ariqueña informó que consiguió que se dictara veredicto condenatorio unánime en contra de S. M., como autor del delito de infracción a la Ley de Control de Armas, que sanciona a quienes fabrican, almacenan, distribuyen y arrojan artefactos incendiarios.

Sin embargo el Tribunal Oral lo absolvió del delito de infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado y además del hecho registrado el 11 de noviembre en la rotonda Tucapel, donde también estaba acusado de haber arrojado una molotov a personal policial.

De acuerdo a la fiscalía, la indagatoria, trabajada junto a la sección O.S.9 de Carabineros, estableció que el acusado -quien trabajaba como encargado de máquinas surtidoras de combustible en un servicentro de Arica- participó de los incidentes y desórdenes públicos registrados en la noche del 28 de octubre, frente a la Gobernación Marítima.

En ese lugar, transportó una caja de cartón con al menos 5 bombas molotov, las que fueron extraídas por encapuchados para arrojarlas.

Así, el acusado también lanzó uno de los artefactos en dirección a un furgón de carabineros estacionado, donde se encontraba el conductor del móvil, mientras que a escasos metros se encontraban otros funcionarios policiales, según se informó.

S. M. fue detenido en su lugar de trabajo, y posteriormente en su domicilio se incautó las vestimentas que utilizaba en las manifestaciones, además de un escudo metálico con manillas y 3 máscaras que usaba para protección contra los gases lacrimógenos.

La sentencia contra el condenado por este delito se dará a conocer este miércoles 14 de octubre.

28 de octubre se registraron los hechos frente a la Gobernación Marítima.

Un importante incremento en cámaras de televigilancia informó el municipio de Arica, las que según dieron a conocer, pasaron de 7 a 53 en la presente gestión.

Agregaron desde el gobierno comunal que recientemente se ha logrado adquirir 34 nuevas cámaras, las que serán instaladas durante los próximos meses, completando un total de 87 equipos de televigilancia disponibles en la comuna para monitorear los sucesos que ocurren a diario en distintos sectores de la comuna."Al asumir como alcalde y crear la Dirección de Prevención y Seguridad Humana, Dipreseh, el alcalde Gerardo Espíndola identificó la percepción de inseguridad que existía entre los vecinos, haciéndose parte de la prevención a través de esta iniciativa ".