Hace sólo unos días se conoció la historia de "Los Cazas" un grupo de colectiveros de Copiapó que en tres meses realizaron cinco detenciones ciudadanas en la capital de Atacama. Se trata de choferes que se comunican vía radial en caso que alguno esté en peligro o bien vean a una persona que sea atacada por un delincuente.

"Los Cazas" o llamados ahora como "los colectiveros justicieros" hoy prefieren el anonimato y quizás su figura no haya sido tan conocida, hasta que en los últimos meses se supo de sus retenciones.

En el último hecho, el atacante de 24 años fue entregado a Carabineros y quedó con la medida cautelar de arresto domicilio total y según los antecedentes no fue agredido por los colectiveros.

El actuar de "Los Cazas" es una reacción a los constantes asaltos que han sufrido y por ello se han organizado.

Lo que ocurre con "Los Cazas" pone en debate nuevamente la acción de la ciudadanía en la prevención y la seguridad. Es claro que el primer aporte, la primera responsabilidad de los vecinos es denunciar los hechos delictuales de los que sean víctimas o tengan conocimiento.

Sin embargo, el país hace un tiempo ya que ha puesto atención en las llamadas detenciones ciudadanas. En el caso de estos colectiveros, al parecer no se han registrado hechos de violencia, como en otras historias en las que los captores de delincuentes se ensañan con quienes han sido sorprendidos en pleno ataque.

En un sentido, es bueno que la sociedad se involucre y vea el aporte que puede hacer respecto a la seguridad. Sin embargo, este aporte siempre debe realizarse en los marcos de la ley y la razón. No podemos caer en una escalada de hacer justicia por mano propia y las víctimas puedan pasar a ser victimarios.

Sería interesante ver también experiencias y casos en los que este tipo de iniciativas ciudadanas se conectan y trabajan en conjunto con las policías, para reforzar así, de manera formal y sistemática, las tareas preventivas que a cada estamento de la comunidad le corresponde, evitando así desde represalias, hasta excesos.

En días pasados se anunció la creación del Fondo de Infraestructura (FdI), como una empresa estatal que operará bajo normas de empresa privada. Se financiará con los flujos de caja comprometidos por los concesionarios de obras públicas. Es decir, se endeudará para traer al presente dichos flujos e invertirlos en obras que, a su vez, generarán nuevos flujos en el futuro. La idea es atractiva porque el déficit chileno es enorme (aunque no hay estimaciones confiables) y ello es una limitante importante para el desarrollo nacional. También es interesante porque es posible que ello permita incorporar proyectos que, en la actualidad, están detenidos por razones ideológicas (más bien atávicas) como en el caso de los hospitales y edificios públicos. Finalmente, la iniciativa también puede ayudar a resolver los problemas de gestión del MOP, especialmente de la Unidad de Concesiones. El MOP muestra dificultades inocultables a esta altura y posiblemente una parte importante de sus problemas sean producto de la gestión política de un tema que debe manejarse con criterios de largo plazo. Concesiones del MOP simplemente ha sido incompetente y el resultado es que llevamos varios gobiernos en que esta unidad no cumple ni la mitad de las metas que se ha propuesto y hay muchas dudas sobre la legalidad de su desempeño.

El FdI deberá interactuar con el MOP pero deberá cuidar la rentabilidad de los proyectos (ausente en los últimos años), deberá planificar (de verdad) para ofrecer carteras de proyectos atractivas a quiénes lo financien y deberá cuidar los costos de mantención y operación de las obras concesionadas pues será parte de sus resultados operacionales.

Por supuesto hay peligros y costos que se deberán pagar. El más obvio es que deberá pagar intereses al anticipar los flujos y ello reducirá los recursos disponibles para obras. Sobre los peligros de diseño del FdI, comentaremos en otra ocasión.