La Superintendencia de Seguridad Social se querelló -por el delito de falsedad ideológica- contra seis médicos de Santiago, Puente Alto, Concepción y Rancagua, que entre 2010 y 2015 extendieron un total 145 mil licencias y que significaron pagar $1.220 millones en subsidios.

Todos ellos ya habían sido sancionados administrativamente argumentando que no existió una prestación de servicios, análisis o evaluación de los enfermos, al extremo que la superintendencia habla derechamente de la "venta de un servicio de reposo". El mismo Colegio Médico ha expresado que no avala la entrega de esa cantidad de licencias, porque es un acto fraudulento.

Pese a que en la gran mayoría de los casos la obtención de la licencia médica es realmente necesaria, en ocasiones se llega a determinaciones injustas, cuando pagan justos por pecadores. Los representantes del sector salud concuerdan en el abuso que se hace del sistema. Por ello, se desarrollan campañas destinadas a informar a la comunidad sobre el riesgo que se corre al participar de estas malas prácticas, convirtiéndose en cómplice de un delito y facilitando la acción orientada a lucrar a través de este fraude. En el fenómeno podría estar jugando un rol decisivo la dificultad que tiene el sector público para ejercer un mayor control.

Ya en la década de los '90 las autoridades comenzaron a plantear su preocupación por el aumento explosivo, llamando a los médicos a no ser tan permisivos en la extensión de licencias.

A pesar de ello, el dinero invertido en los subsidios ha experimentado un fuerte crecimiento. Algunas versiones indican que al menos una de cada cuatro licencias que se extienden en el país es fraudulenta, entregada por un médico que sucumbe a la petición del paciente de tener un permiso laboral, por diversas razones, que van desde justificar una inasistencia o salir de viaje, hasta poder asistir a un partido de fútbol.

Obviamente hay aquí un problema grave, incluso de alcances éticos, de existir antecedentes de defraudación al fisco, por lo que es necesario que las autoridades aumenten aún más las fiscalizaciones.

En 1801 el médico francés Philippe Pinel escribió su "Tratado de la alienación", denunciando el horroroso trato que se daba a los enfermos mentales en su país. Se les golpeaba y encadenaba, se les hacía pasar hambre y se les provocaba vómito y daños en la piel, se les sangraba y a veces eran exhibidos como animales de un zoo. Como director del hospital de Bicétre, defendió que estas personas sufrían de una enfermedad, por lo que debían ser tratados como tales y no ser castigados por supuestas posesiones demoníacas o conductas pecaminosas. Liberados de sus cadenas estos pacientes comenzaron a recibir un trato más humano y mejores comidas. También prohibió los castigos y contrató personal inteligente y amable que pudiera atenderlos con más eficacia. El resultado fue que la mortalidad descendió drásticamente y aumentó el número de altas. Pinel llamó a su método "tratamiento ético" e insistió en procurar una terapia psicológica compasiva antes de aplicar técnicas físicas.

Lejos de la Salpêtrière y de la clínica de Viena, en el Hospicio de Santiago en 1858 apareció el caso de Carmen Marín, "La endemoniada de la calle Lira", que fue catalogada de posesión por el demonio, hasta que el Dr. Manuel Antonio Carmona, estudió el caso con paciencia, observación y estudio biográfico, para concluir clínicamente que se trataba de un Delirio libidinoso inconsciente, con convulsiones y espasmos esenciales en que el nombre de Juan, cuyo verbo se hace carne, provocaba una ilusión placentera. Este médico chileno, 30 años antes que Janet y Freud, abrió un sendero parecido al que ellos abrieron en el abismo sobrecogedor de las posesiones demoníacas, con un juicio tan lúcido respecto a la fuerza psicogenética de la líbido y del efecto del recuerdo traumatizante o atractivo. Este fue el inicio ético de la Psiquiatría chilena.