Hace dos años, según las encuestas de opinión, la gran preocupación de los chilenos se relacionaba con la delincuencia, la educación y la salud.

En efecto, el 58% de los ciudadanos encuestados pensaba que la comisión de delitos era el gran problema de este país; en tanto que el 44% señalaba que la educación era una dificultad por superar y un escaso 33% identificaba a la salud como su mayor inquietud.

Hoy - si se hiciera una encuesta similar- seguramente la delincuencia continuaría encabezando la lista de temores, considerando que además de los portonazos, asaltos a cajeros y bencineras, habría que sumar los delitos de cuello y corbata protagonizados por políticos, grandes empresas y últimamente por miembros de las FF.AA.

A diferencia de lo que acontecía meses atrás, cuando la opinión pública estaba sorprendida -sino estupefacta- frente al avance del crimen, las recientes denuncias sobre asociaciones ilícitas, con la intención de defraudar al Estado ya no sólo producen perplejidad, sino indignación.

Es que vivimos un momento en que todo parece trastrocarse, como resultado del descarado atropello a los principios fundamentales que rigieron este país a lo largo de su historia.

En realidad pareciera que los chilenos vivíamos un sueño, adormecidos por el mito de la compostura de nuestros dirigentes y la incorruptibilidad del aparato administrativo.

Lo peor de todo, es que la cadena de abusos perpetrados es tan extensa y el resultado de las investigaciones tan magro en cuanto a sanciones, que llegamos a un punto en el que ya no sólo se cuestiona la eficacia, sino la credibilidad del sistema.

Cabe preguntarse ¿que hay que hacer para revertir esta preocupante situación? Respuestas hay muchas: incrementar el número de fiscalizadores, endurecer las penas para los infractores, la redacción de una nueva Constitución, e incluso no sufragar en las próximas elecciones. Sin embargo, nada se escucha respecto de reeducar a la ciudadanía.

Con frecuencia nuestros lectores denuncian -a través del envío de cartas y fotografías- la aparición de nuevos basurales en sus poblaciones, que comienzan a crecer en la medida de que el municipio y otros responsables, no los limpian en forma oportuna y no se preocupan de sancionar a los infractores.

Se dice que Chile produce unos 6 millones de toneladas de basura anualmente y que cada persona generamos un kilo al día. Si tal impacto es mal manejado, afecta la salud física y mental en cualquier sociedad.

Pero no nos engañemos, porque aunque tratemos de ocultar el tema o endosárselos exclusivamente a los servicios de aseo dependientes de las municipalidades, este problema es revelador de nuestros pobres estándares educacionales y falta de compromiso cívico con la comunidad.

La cuestión que nos debemos plantear es que es inaceptable vivir en un ambiente sucio. Los medios de información tratan de crear conciencia en la población, pero la base está en la familia. Los hijos replican la conducta de sus padres y la de sus pares.

Vivimos en una zona urbana con perros abandonados, palomas y roedores portadores de enfermedades, asunto denunciado con frecuencia por nuestros lectores. Ya es común pasar por barrios y carreteras y ver esparcidas bolsas de basura, escombros, papeles, botellas y plásticos. Hay que aplicar la ley y multar a los infractores. Lo mismo ocurre con las lagunas, las riberas de ríos y el mar. Pero es cierto que en la medida que los organismos responsables no retiren en forma oportuna los desperdicios, se van creando condiciones propicias para que los ciudadanos contribuyan a aumentar esos basurales.

A partir de la familia, solo sumando voluntades -integradas por redes voluntarias de juntas vecinales, organizaciones comunitarias, empresas y municipios- podremos cumplir con la indelegable tarea pública de internalizar los beneficios socioculturales que implica para la salubridad pública el sistemático buen manejo de la basura.