Si bien la renuncia de Joseph Blatter, a la presidencia de la Fifa. luego de haber sido elegido nuevamente su timonel, sorprendió al mundo del balompié, el tema de fondo es la investigación que hay en contra de la federación. Blatter anunció su decisión en conferencia de prensa en Zurich, seis días después de que el FBI realizó una redada en un hotel de la misma ciudad europea arrestando a varios funcionarios de la entidad.

Blatter había sido elegido recién el viernes para un quinto mandato al frente de la entidad en medio de un escándalo de proporciones, por lejos, el más importante de su historia.

"Trabajaré para aclarar todo, pero no puedo hacerlo solo. Domenico Scala es el jefe independiente del Comité que llamará al Congreso", explicó en conferencia de prensa.

Pero la situación es muy delicada. Durante la última semana se ha decretado prisión domiciliaria para el paraguayo Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol (organismo que reúne al fútbol sudamericano); el expresidente del fútbol brasilero, Ricardo Teixeira fue denunciado por fraude y lavado de dinero; la Anfp -organismo rector chileno- fue acusado de "soborno" por la Justicia norteamericana, y así suma y sigue.

Es indudable que el presidente de la Anfp, Sergio Jadue, vive días complejos en un mal escenario, ya que estamos a días de dar puntapié a la Copa América.

En lo general, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos precisó que fueron presentadas 47 acusaciones ante el tribunal de Brooklyn (Nueva York) por "organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero", entre otras.

Entre los cargos por enriquecimiento ilícito durante 24 años mediante la corrupción del fútbol, los beneficiarios habrían logrado "lucrativos derechos de comercialización en los medios y marketing en los torneos internacionales".

Así las cosas, sólo queda esperar un rápido avance de la investigación y el castigo de quienes efectivamente hayan actuado de manera ilícita en contra del fútbol.

El deporte más popular del mundo no se merece lo que está hoy ocurriendo.

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara aprobó recientemente una indicación parlamentaria que busca permitir que las policías puedan solicitar la identificación de cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento.

La Defensoría ve con preocupación un proyecto como este, que parece avanzar totalmente alejado de los resultados del actual modelo de controles preventivos, que hacen innecesario buscar nuevas fórmulas para ampliar su rango de acción. Es más, esta iniciativa importa el peligro de afectar el derecho a la libertad de todas las personas, limitando su derecho al desplazamiento.

Así, aunque el control de identidad es por definición una afectación de la libertad ambulatoria de las personas, hoy contamos al menos con criterios que lo justifican y permiten en casos fundados, y que facultan a cualquier policía a efectuarlos "sin orden previa de los fiscales": que existan indicios de que una persona ha cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; que se disponga a cometerlo; que pueda suministrar "informaciones útiles" para su indagación; o bien "que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad".

Aunque hay quienes creen que la policía se ve limitada para hacer controles preventivos por la eventual y posterior declaración de ilegalidad de la detención, los datos empíricos confirman -en cambio- que el porcentaje anual de detenciones declaradas ilegales es ínfimo respecto del total (1,4 por ciento en 2014).

Así, no existe justificación para creer que el actual modelo de control de identidad sea insuficiente para que Carabineros y la PDI puedan cumplir adecuadamente su rol y, en cambio, el nuevo artículo propuesto resulta altamente riesgoso para los derechos humanos, porque al descartar supuestos de procedencia y descansar únicamente en el criterio del funcionario policial, se imposibilitará cualquier control posterior de la medida.

Ello permitirá, en los hechos, un espacio de actividad policial sin sujeción a ningún tipo de supervisión ni examen de los tribunales, haciendo renacer precisamente el espacio discrecional que se suprimió al eliminarse la detención por sospecha, que validaba la fiscalización de personas según distintos estereotipos sociales, traducidos en formas de vestir, de caminar o, incluso, de cortar o colorear el cabello.