Sin aclarar a qué nación se refería, el presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que un país vecino pretende controlar el mercado del litio, un mineral en que tanto Chile como Bolivia tienen importantes yacimientos. "Bolivia se ha convertido en un punto de interés para las potencias mundiales, así como para un país vecino que busca controlar nuestros recursos estratégicos a través de operaciones especiales, bloqueo de nuestras exportaciones (...) para el control del litio", dijo en La Paz. El gobierno boliviano denunció ayer corrupción en la construcción de piscinas para extraer este mineral no metálico, lo que podría demorar la exportación de ese recurso que representa la mayor apuesta de la economia altiplánica. El perjuicio de unas piscinas más delgadas de lo estipulado asciende a US$64 millones.

Tras dos días de extensos interrogatorios a la diputada Catalina Pérez; al ministro de Vivienda, Carlos Montes; y a la exjefa del Programa de Asentamientos Precarios de dicha cartera, Verónica Serrano, ayer el Ministerio Público informó que dentro de la serie de delitos que investiga por los convenios presuntamente irregulares se cuenta una eventual omisión de denuncia de parte de las autoridades.

"La arista de omisión a la denuncia se encuentra actualmente en investigación, no judicializada, no formalizada", comentó el fiscal Cristian Aguilar.

La diputada Catalina Pérez estuvo durante varias horas ayer declarando en la causa abierta por el convenio suscrito por la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, suscrito por quien antes era su asesor, Carlos Conteras, y el representante legal de la ONG, Daniel Andrade, quien a la fecha de la firma, en 2022, era su pareja. Los tres en ese tiempo eran militantes de RD.

El día anterior declararon el ministro Montes y Verónica Serrano. Ayer el secretario de Estado dijo que lo único que esperaba era que la investigación abierta en junio del año pasado acabara pronto, para enfocarse exclusivamente en las funciones de su cartera.

Montes insistió en que supo de las irregularidades el 16 de junio, desmintiendo una vez más a su exsubsecretaria Tatiana Rojas, que ha dicho que le informó una semana antes.

L. R. C.

La magistrada del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Katherine Román, rechazó ayer el recurso por presunta vulneración de garantías presentado por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien aducía la ilegalidad del procedimiento que lo llevó a frenar un viaje programado para Venezuela cuando estaba en el aeropuerto.

La defensa del excandidato presidencial del PC sostenía que junto a la PDI la fiscal Giovanna Herrera amenazaron al jefe comunal informándole el miércoles que si viajaba solicitarían una orden de detención en su contra, supuestamente a fin de hacer cumplir su comparecencia en una audiencia fijada para fines de mayo por una serie de delitos relacionados con su presidencia de la asociación de municipios con farmacias populares.

Ayer la jueza estimó que "no ha existido, ni fundamentado, la vulneración a la igualdad ante la ley. El fiscal ha manifestado que también se ha levantado esta Alerta Temprana para los demás involucrados".

Asimismo, añadió que "no existen antecedentes para asegurar la vulneración de libertad personal en contra de Daniel Jadue", pues la Fiscalía sólo "le notificó que 'o desistía del viaje o se emitiría una orden de detención en su contra', lo cual no constituye una prohibición, ni afectación de un tribunal".

Jadue y su abogado, Ramón Sepúlveda, afirmaban que la "Alerta Temprana" que le mencionaban los detectives para hacer la consulta sobre el viaje al Ministerio Público "no existía" en el ordenamiento jurídico nacional.

Sin embargo, ayer el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que se trataba de "herramienta que existe en coordinación con la Policía de Investigaciones, específicamente Extranjería, que tiene por objeto alertar los traslados migratorios de personas que son objetos de interés en la persecución penal a muy distinto nivel".

Según él, se requirió el mismo día en que se solicitó la audiencia. "Es una medida habitual, existe hace muchos años y está utilizada en todos los ordenamientos jurídicos", dijo.

Temprano, la ministra del Interior, Carolina Tohá, había dicho que en el procedimiento seguido sólo relacionaba a la PDI y a la Fiscalía, no al Ejecutivo.