Matías Gatica Lindsay

Mediante una carta leída en la Cámara por el diputado Gonzalo de la Carrera, 27 exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura admitieron que en ese periodo cometieron violaciones a los derechos humanos.

"Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias. A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación", declararon en el texto.

En el documento, que fue firmado entre otros por Carlos Herrera, condenado por el crimen de Tucapel Jiménez; y José Zara, sentenciado por el asesinato del general Carlos Prats, expresaron que "hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos".

"(Por ello) venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados", afirman.

Con ello buscan "para los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles, la conmiseración del poder político y judicial, mediante las medidas necesarias (...) Para que puedan volver a estar con sus seres queridos".

Sobre la carta leída un día después de la conmemoración de los 50 años del Golpe, el senador PPD Jaime Quintana la consideró "una provocación a la memoria de tantas familias que sufrieron"; y el diputado PS Leonardo Soto acotó que no tiene "ninguna línea que diga que colaborarán para hallar a detenidos desaparecidos".

En la derecha el diputado UDI Juan Antonio Coloma dijo que "cualquier persona tiene derecho a pedir beneficios penitenciarios", los que deben definir los tribunales.

Carabineros entregó ayer un balance de los hechos de violencia ocurridos el 10 y el 11 de septiembre en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Según detalló el general inspector de Carabineros, Enrique Monrás, en ambas jornadas se registraron 108 detenidos, 77 de ellos en la Región Metropolitana y 92 durante la noche del lunes, cuando los disturbios se concentraron en Villa Francia, Estación Central y en Pedro Aguirre Cerda, donde una mujer de 25 años resultó herida en un ojo por un perdigón, lo que es investigado por la PDI.

En cuanto a los hechos ocurridos en Villa Francia, el Gobierno anunció que se querellará contra quien resulte responsable de balear en el pómulo a un camarógrafo de Mega que cubría los hechos.

De los apresados, un 51% fue por desórdenes y un 29% por robo. Del total de detenidos, 21 tendrán que enfrentar a la justicia como sospechosos del delito de saqueo.

En el país hubo 64 hechos violentos desde el domingo, entre ellos, siete con daños al transporte público y ocho a cuarteles policiales.

En ambos días además hubo 22 personas lesionadas, de las que 14 son carabineros

"Nos interesa fortalecer la democracia. Los grupos violentos no tienen cabida en democracia. El Gobierno los rechaza, por eso toma medidas preventivas", dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien destacó que las actividades conmemorativas realizadas el lunes en La Moneda y en el Estadio Nacional se desarrollaron con completa normalidad.

Monsalve descartó además que en los eventos violentos del lunes Carabineros percutara una escopeta a perdigones, como se denunció.

Un carabinero de franco frustró un intento de encerrona en su contra en Ñuñoa. En la madrugada de ayer, el policía venía saliente de turno cuando en calle Los Cerezos con Los Almendros fue interceptado por tres delincuentes que se bajaron de un auto y lo intimidaron para robarle su vehículo. Ante la amenaza el funcionario usó su arma inscrita y percutó dos disparos contra los ladrones, que intentaron escapar. Sin embargo el carabinero detuvo a uno de ellos antes que abordara el auto en que huyó el resto de la banda. El apresado es un ciudadano colombiano con situación irregular en el país. El Ministerio Público instruyó las indagatorias al OS9 y al Labocar de Carabineros.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones indaga el presunto homicidio de un hombre en La Granja. Los policías llegaron hasta esa comuna por una denuncia realizada porque supuestamente un adulto de 71 años se había suicidado. Sin embargo, al revisar el inmueble y el cadáver se percataron que se trataba de un asesinato, pues había indicios de intervención de terceras personas. Con esos antecedentes los uniformados detuvieron como sospechosos de homicidio a una mujer de 22 años, con una orden de detención vigente por amenaza, y a un hombre de 25 años, ambos chilenos, quienes habían alertado que el hombre se había ahorcado, versión que según el subcomisario de la PDI Felipe González quedó desacreditada.