Leo Riquelme

Desde que estalló el caso en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, la Contraloría ha recibido en las últimas semanas 172 denuncias por presuntas anomalías en convenios entre fundaciones y organismos del Estado, según informó ayer ante una comisión parlamentaria el contralor Jorge Bermúdez.

"Todas son de situaciones muy distintas, no todas asimilables a Democracia Viva o Procultura", ejemplificó el jefe del ente fiscalizador de las acciones del sector público ante la comisión de Vivienda del Senado.

En su exposición la autoridad habló sobre el sistema de convenios y entregó luces de la fiscalización que realizan a Democracia Viva. Admitió que es probable que en estos procesos se encuentren más reproches éticos que ilegalidades, dada la legislación que permite suscribir acuerdos con ONGs.

Bermúdez comentó que en sus ocho años de gestión ha concurrido a exponer unas 180 veces ante el Congreso y aseguró que siempre "he manifestado mis aprensiones por las transferencias de recursos" a instituciones privadas, de las cuales han auditado 216 en ese lapso.

Una de las que está en revisión es Democracia Viva, que operaba en Antofagasta a través del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda. Esta iniciativa desde 2015 le permite a la cartera transferir recursos a municipios, el Serviu o fundaciones para resolver problemas en campamentos. Este año cuenta con 43.900 millones de pesos.

El contralor explicó que a diferencia de lo que sucede con las dos primeras, cuando el Minvu traspasa dineros a las ONG estas entidades no están obligadas a pasar por la ley de compras públicas, a cumplir con las normas de obras públicas, con la ley de transparencia, las normas de probidad, ni a hacer rendición de cuentas (salvo que esté expresamente indicado en el convenio) y tampoco están sujetas a la fiscalización de la Contraloría.

Democracia Viva tenía tres programas con la Seremi de Antofagasta, dos suscritos en septiembre y otro en octubre, por un total de $426 millones, de los cuales sólo el último tenía plazo de ejecución. Éste se refería a fortalecer la organización comunitaria en "diversos campamentos".

Por los montos, la Seremi asignó los recursos sin pasar por toma de razón, proceso en el cual, por ejemplo, se revisan potenciales conflictos de interés.

En este caso, uno de los aspectos cuestionados es que el seremi entonces era el RD Carlos Contreras, quien le asignó los proyectos en estas circunstancias al otrora militante de ese partido, Daniel Andrade. El primero había sido jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez y el segundo fue su pareja. La parlamentaria, en tanto, asegura que desconocía del trato.

Bermúdez recordó que ante las denuncias la Contraloría inició una investigación de ese convenio y los de todo el país, pero admitió que en este proceso "existen dificultades", que son que la Contraloría por regulación no fiscaliza a privados; tampoco puede medir si se amerita el convenio; son transferencias pequeñas; son de redacción amplia, sin metas o plazos y sin hitos para fiscalizar, entre otros.

"Estas son grietas", dijo el contralor. "Esto es bien relevante, porque a uno le puede parecer a todas luces que algo es poco ético pero no necesariamente será una ilegalidad o va a ser un incumplimiento de la normativa".

"Casi les estoy anticipando un poquito las conclusiones de la auditoría de lo que vamos a encontrar", les admitió a los parlamentarios.

Procultura y gores

Ayer, la PDI allanó la Gobernación Regional de Antofagasta como parte de una investigación por un convenio por $629 millones suscrito en noviembre con la fundación Procultura, y cuya finalidad era la recuperación de fachadas de inmuebles históricos de la ciudad.

Su participación es cuestionada porque fue validada por el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi (RD), porque hasta ese minuto su giro ante el Servicio de Impuestos Internos era por "venta al por menor de libros en comercios especializados", "fundaciones y corporaciones" y "otros tipos de enseñanza".

El contralor Bermúdez advirtió que en los GOREs ocurrió el año pasado que más del 30% del presupuesto se gastó en diciembre y fue a través de transferencias a terceros, no de ejecución o de inversiones propias directas, ya que de no gastarse deben devolver el dinero. Eso, deslizó, abre la opción a "problemas".

"La corrupción va mutando (...) y acá hay una variante y se cuela por las grietas institucionales que advertimos (...) en las transferencias", dijo el fiscalizador.

Bermúdez hizo propuestas para poner atajo al problema. Uno es modificar un articulado de la Ley de Presupuestos para aplicar reglas a la suscripción de convenios, considerando metas, plazos instructivos, garantías y sujeción de transferencias a estados de avances, deberes de información y otros, a todos los receptores de fondos públicos.

Otro considera la emisión de parte del Ministerio de Hacienda de un instructivo de aplicación de transferencias; y que se rindan cuentas en una plataforma de Contraloría.