Leo Riquelme

La Contraloría anunció que realizará una auditoría nacional a todos los convenios suscritos desde 2021 por el Ministerio de Vivienda con fundaciones, cuestionado a partir de las transferencias por 426 millones de pesos acordadas entre militantes de RD en la Seremi de Antofagasta.

La medida es la segunda que toma a partir de este caso, luego que suspendiera todas las tomas de razón en este tipo de contratos hasta tener claridad sobre lo ocurrido.

"Las auditorías contemplarán áreas como, asignaciones directas, rendición de gastos, ejecución presupuestaria, otorgantes, receptores, entre otros aspectos", dijo en un comunicado la entidad.

A lo anterior la Contraloría indicó que sumará "acciones de fiscalización en otros servicios, en virtud de las presentaciones realizadas por parlamentarios y ciudadanos, así como también en análisis de datos masivos de la institución".

El ministro Carlos Montes valoró la medida, pues a su juicio permitirá esclarecer la situación y enfocarse en su rol, pues "esto es lo peor que le puede pasar a las personas que no tienen vivienda".

Dijo que desconocía la razón que tuvo la Contraloría para decidir una fiscalización desde 2021, pues este sistema de trabajo con fundaciones se aplica desde 2019. Añadió que en su momento llegaron a tener convenios por 50 mil millones de pesos y las rendiciones suelen tener desfases.

"Y a veces nosotros tenemos el problema que no controla el ministerio", admitió la autoridad.

Una delegación de funcionarios de este organismo se instaló esta semana en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, donde partieron las denuncias por los convenios suscritos entre octubre y diciembre por el entonces secretario regional Carlos Contreras y el representante de Democracia Viva, Daniel Andrade.

El primero fue parte del staff de la diputada Catalina Pérez y el segundo era su pareja. Tras la denuncia, ambos fueron expulsados de RD, mientras que la congresal es cuestionada por la directiva de su partido.

Por ahora hay investigaciones penales por acuerdos con Vivienda en Antofagasta, Talca, Copiapó y el Biobío. En esta última, ayer el director del Serviu, Eduardo Arriagada, y la seremi Claudia Toledo concurrieron a la fiscalía a entregar antecedentes sobre un contrato con Urbanismo Social. Arriagada aseguró que todo se hizo por licitación pública.

De visita en el Maule, donde se investiga otro caso con esa ONG, el Presidente Gabriel Boric volvió a reprochar a quienes han dado un mal uso a estos convenios.

"Muchas veces se olvida que los grandes afectados no son un partido político, no es un Gobierno... eso puede ser también, pero eso pasará... los grandes afectados son las personas, son ustedes, el pueblo. Y la plata que es de todos los chilenos se tiene que ocupar para mejorarle la calidad de vida", dijo en una entrega de viviendas sociales en Villa Alegre, donde valoró la acción del ministro Carlos Montes.

Factor latorre

Antes del anuncio de Contraloría, La Moneda criticó el actuar del presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, luego que afirmara el martes que conoció 10 días antes las denuncias de Antofagasta.

"Es importante que todas estas alertas se pongan a disposición rápidamente de quienes tenemos que tomar decisiones", dijo la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Según La Tercera, los antecedentes se conocieron en una reunión en la que participaron dirigentes locales, Andrade, Contreras y miembros del staff de la diputada Pérez. Latorre dijo que del encuentro tuvo "información parcial, no la que conocemos hoy en día"; y aseguró que no se la notificó a los ministros Carlos Montes, ni al de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Consultado al respecto, el Presidente Boric indicó que la primera alerta la recibió "la semana anterior" a que se destapara el hecho, y fue a través de un oficio enviado por la diputada Yovana Ahumada (exPDG), no desde RD.

"No puedo hablar por el senador Latorre, pero apenas nosotros supimos, apenas yo supe, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente: se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos", dijo el mandatario.

En el PS fueron duros con Latorre. El senador Fidel Espinoza dijo que "está cambiando su versión por octava vez; y la presidenta de dicha colectividad, Paulina Vodanovic, dijo que el RD "dejó de ser un interlocutor válido" para enfrentar la crisis y agregó que su actuar "rompe las confianzas" entre los bloques oficialistas.

Su par Juan Luis Castro apuntó al ministro Jackson, de quien dijo que "todos sabemos que es el alma mater de RD" y, por ende, "podría haberle adelantado al Presidente lo que estaba pasando" en el partido. De paso, acusó una "inmadurez" de parte del Frente Amplio para gobernar y volvió a recordar la "superioridad moral" que expresaban en el sector antes de llegar a La Moneda.

Desde la oposición, en tanto, los senadores UDI Javier Macaya y la RN Paulina Núñez volvieron a pedir la salida de Giorgio Jackson, quien según esta última "conocía todos los antecedentes" relacionados con su partido.

La vocera Camila Vallejo retrucó tanto a los parlamentarios oficialistas como a los opositores que esa es una facultad exclusiva del Presidente de la República.

Montes, Jackson y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, expusieron ayer en el Senado, donde se realizó una sesión especial para discutir los convenios. Montes, a diferencia de lo que deslizó el martes, aclaró que todos los acuerdos cuestionados son de este Gobierno, no del anterior.