Redacción - La Estrella

Debido a la situación que se está viviendo en la frontera chileno peruana, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, puso en marcha un decreto de emergencia migratoria, en respuesta a la crisis humanitaria que está golpeando al territorio ariqueño y que afecta a familias con bebés, niños, niñas y personas mayores.

"Vamos a disponer de colaciones, artículos de aseo, pañales, bloqueadores solares y kits de infancia para ir en apoyo, especialmente, de las personas más necesitadas, que son los niños, las niñas y personas mayores que tienen enfermedades, y que su destino no es Chile, sino que es llegar a Venezuela".

Desde ayer, equipos municipales están desplegados en la frontera para hacer un levantamiento del plan migratorio de este grupo de personas. Además, la estrategia servirá para obtener información sobre su situación de salud y una serie de otros datos.

"Es fundamental la coordinación entre los servicios públicos. Por eso, sostuve una reunión con el delegado presidencial para saber qué labores están adoptando ellos, y luego hacer todas las acciones que se requieran", señaló el jefe comunal.

Al mismo tiempo, la administración comunal coordinará con organismos que trabajan con la población migrante, con el objeto de gestionar otro tipo de ayuda. "Vamos a actuar con la rapidez que requiere esta situación tan crítica que afecta a las personas que están varadas en la frontera".

Corredor humanitario

Espíndola cree que la situación se va a agudizar por la declaración de estado de emergencia y la militarización de la frontera peruana anunciada por el gobierno de dicho país.

"El corredor humanitario es fundamental, es la forma que tenemos para terminar con esta crisis humanitaria. Las personas tienen que salir y llegar directamente a Venezuela y deben hacerlo en buses custodiados por las policías de cada país para que no se vayan quedando en tránsito, sino que lleguen directamente a destino, y esto que sea financiado con recursos de organismos internacionales, como las Naciones Unidas", señaló.

Gore solicita prórroga de ley

El gobernador regional, Jorge Díaz manifestó que cada país tiene la autonomía para dictar los decretos y leyes que sean mejores para resguardar su orden público y el resguardo de las fronteras, por lo que no corresponde que autoridades chilenas se pronuncien respecto a decisiones de autoridades peruanas.

Díaz destacó la ley de infraestructura crítica que se comenzó a aplicar en fronteras chilenas con resguardo militar en esta zona y que permite el fortalecimiento de pasos habilitados así como impedir el tránsito a través de pasos irregulares.

"Hemos solicitado junto al Consejo Regional de Arica y Parinacota que se prorrogue la ley de infrestructura crítica que termina este 24 de mayo, para que puedda extenderse por otros 90 días, con el único objeto de que se mantenga el resguardo de militares en la zona fronteriza de Arica", apuntó la autoridad regional.

Luego que el gobierno de Perú declarara el estado de emergencia en todas sus zonas de frontera con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile para incrementar el "control de los ciudadanos extranjeros", el senador José Miguel Durana manifestó que el vecino país "está dando una clase magistral a Chile, en materia de seguridad de sus fronteras y resguardo a su ciudadanía".

El parlamentario agregó que desde que entró en vigencia el proyecto de infraestructura crítica que fue aprobado en el Senado, se comenzó a generar una presión migratoria en la frontera entre Arica y Tacna porque se reforzó con las Fuerzas Armadas y de Orden el control migratorio, estimándose en unos ocho mil extranjeros que no han podido ingresar a Chile, colapsando a las ciudades de Perú.

"Bastó que a Perú se le llenaran sus espacios públicos de extranjeros para que comenzara a endurecer su postura que finaliza con la declaración de estado de emergencia. En cambio, nosotros con complejos ideológicos tenemos que seguir sufriendo las consecuencias de estar encerrados en nuestras casas a las 19 horas porque nos da miedo salir a la calle".

El senador dijo que el gobierno de Chile, a través de la Cancillería, tiene una oportunidad única de buscar el diálogo para que los extranjeros sin papeles que hoy se encuentran varados en la Línea de la Concordia puedan ingresar al vecino país para trasladarse hasta sus lugares de origen.