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Carabinero abate a hombre que atropelló a policía en San Antonio

Sería el primer caso avalado por la ley Nain-Retamal. El sujeto murió en el lugar y los acompañantes fueron formalizados.
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Camila Infanta S.

Un delincuente muerto y un carabinero herido dejó un operativo ocurrido la noche del sábado en Llolleo, en la comuna de San Antonio.

Según información entregada por la institución, el hecho ocurrió cuando los efectivos quisieron controlar la identidad de tres personas que se encontraban estacionadas en un vehículo. Sin embargo, el conductor, identificado como David Toro Córdova, atropelló al carabinero e intentó darse a la fuga, por lo que otro policía lo detuvo haciendo uso de su arma, en este caso una subametralladora uzi, que no usaba Carabineros desde 2011 y que la semana pasada se retomó tras la crisis de seguridad. El sujeto, que no tenía antecedentes penales, murió en el lugar. En el vehículo se encontró droga.

Hasta ayer, el carabinero se encontraba fuera de riesgo vital, recibió los primeros auxilios en el hospital local y sería trasladado hacia Santiago. "No hay heridas de bala, sólo un trauma comprensivo de miembros superiores e inferiores", detalló Enrique Jimenez, director del Hospital Claudio Vicuña.

Los otros dos sujetos que acompañaban al delincuente fallecido fueron formalizados ayer por microtráfico: uno quedó con prisión preventiva y el otro con arresto domiciliario total. Se dictaron 120 días para la investigación.

Tras el hecho, un tema que se tomó el debate público es si las acciones del carabinero que disparó al fallecido estarían incluidas en la recién promulgada ley Nain-Retamal. Sobre ello, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó que si bien se publicará en el Diario Oficial hoy "las leyes penales actúan de forma retroactiva".

La ministra del Interior, Carolina Tohá, agregó que se tendrá que "establecer el disparo qué objetivo tuvo, si es evitar una lesión o muerte de una persona, o una huida".

Sobre el mismo tema, el ministro de Justicia, Luis Cordero, en conversación con Estado Nacional de TVN, aseguró que "el uso del arma está reglamentado". Agregó que antes de la "Ley Nain-Retamal" sí existían reglas específicas para estos casos en el Código de Justicia Militar. "Es altamente probable que el carabinero se vea beneficiado por esta ley que se publica mañana (...) El funcionario no pude ser separado de sus funciones, ni restringirse sus remuneraciones", explicó.

30 comunas

Luego de que la semana pasada el Gobierno adelatara el plan de seguridad Calle sin violencia, tras la muerte del cabo Daniel Palma, ayer el subsecretario Monsalve entregó detalles sobre las implicancias de este operativo.

Se trata de la intervención de 30 comunas, zonas que concentran un tercio de la población nacional y un 50% de los delitos más violentos que hay en Chile. Además está enfocado en la efectividad en la persecución penal, patrullaje policiales, control y fiscalización de armas, buscar prófugos de la justicia e intervención de barrios.

"Estamos proponiendo para intervenir esos territorios en primer lugar, persecución penal efectiva, que no haya impunidad respecto a los delitos violentos", destacó en Mesa Central de Canal 13.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, calificó el plan como un sin sentido, pues "significa que los delincuentes se van a mover a los otros barrios que no están priorizando, son las típicas medidas que no tienen ningún sentido".

30 comunas concentran el 50% de los delitos más violentos en el país, según el Gobierno.

Colombia desarticula banda que explota a jóvenes en Chile

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Las autoridades colombianas detuvieron a siete personas que integraban el "Clan Familiar", un grupo acusado de reclutar a mujeres jóvenes para explotarlas sexualmente en Chile.Las jóvenes, según detalló la Fiscalía de ese país, eran reclutadas en "sectores marginales" de Manizales, la capital departamental de Caldas, y "con falsas expectativas laborales las convencían de viajar a Chile para someterlas a tratos inhumanos y explotarlas sexualmente".

Al parecer, les tramitaban los pasaportes, les proporcionaban los tiquetes aéreos para trasladarlas de Pereira a Bogotá, y, posteriormente, a Chile donde les retenían los documentos y las ubicaban en casas de lenocinio en las ciudades de Osorno, Puerto Montt y Temuco", agregó el comunicado del Ministerio Público.

Según la investigación de las autoridades colombianas, a las víctimas "les fijaban una deuda que iniciaba en cinco millones de pesos" para los gastos de los ticket aéreos.Esa cifra "iba en aumento por los gastos de manutención en territorio extranjero y por concepto de multas que les imponían por no acceder a las pretensiones sexuales".

La Fiscalía obtuvo 350 audios para "detectar el entramado criminal" y en este caso han sido acreditadas 27 víctimas, de las cuales cuatro contaron lo que vivieron".