Matías Gatica Lindsay

L a corporación María Ayuda, que administra 11 residencias para niños, niñas y adolescentes vulnerados de sus derechos, alertó que desde 2019 a la fecha se han cerrado 25 casas de acogida en el país y las que se mantienen no dan abasto con la sobrepoblación, por lo que acusa falta de recursos del Estado para su correcto funcionamiento.

Según indicó a este medio la directora del proyecto Casa Alma de esta entida, Ximena Calcagni, las razones tras el cierre de estas residencias varían, pero sostiene que la principal es el financiamiento. "Lo que nosotros estamos mirando, más que la plata, es que hay condiciones estructurales del sistema, sobre todo de las condiciones que debe entregar el Estado para que funcione una residencia, que no están", lamentó.

Calcagni afirma que el Servicio Mejor Niñez "subió los estándares, lo que nos tiene a todos felices para mejorar la atención", pero añade que "no hay un financiamiento acorde a esos estándares. Tienes una red de intersector que no funciona bien. Salud mental no tiene capacidad de atención especializada para el perfil de niños que tenemos y Educación tampoco es capaz de hacer soporte adecuado en los procesos de educación para nuestros niños".

"Hoy las residencias están cerrando porque no podemos darle la respuesta a los niños y niñas, que necesitan equipos más preparados y mejores espacios. No hay equipos especializados, no hay gente que tenga las competencias, porque no los forman en las universidades", asegura la ejecutiva.

Por ello cree que el Estado debe "financiar ese mismo estándar que ellos pusieron".

Sobre el cierre de las residencias, la directora nacional del servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Gabriela Muñoz, dijo a este medio que "independiente de la causa de los cierres de los proyectos residenciales, el servicio garantiza siempre la continuidad de la atención de cada niño, niña o adolescente", que en el caso de estos 25 centros son 510.

En el sistema existen dos tipos de residencias: las de administración directa, que son dependientes y administradas por el Estado; y las de colaboradores, que son dirigidas por fundaciones, corporaciones y personas de la sociedad civil. Estas últimas representan un 95% de la oferta.

Según Calcagni, "administración directa tiene un financiamiento cuatro veces mayor al nuestro. Entonces la preguntas que nos hacemos es: ¿si son la misma cantidad e niños, por qué esta diferencia? No corresponde. Cuando ves las mayores crisis que hay, la mayoría de las veces son en centros de administración directa".

Calcagni señaló que según mediciones del Hogar de Cristo cada menor en una residencia necesita un financiamiento de entre $2,3 y $2,5 millones, y en el caso particular de María Ayuda sólo reciben un 50% de ayuda estatal, que considera "insuficiente".

Al respecto Gabriela Muñoz indicó que no logran una mayor cobertura debido a que "el objeto de gasto en este tipo de proyecto (colaboradores) es sustancialmente distinto, por personal, infraestructura y otros gastos".

Pese a ello, agregó que "la buena noticia es que los aportes financieros del Estado para la nueva oferta programática consideran un aumento de los recursos entregados a los organismos colaboradores acreditados por un componente fijo, además de mayores recursos por otros factores como los zonales, discapacidad o programas complementarios".

Sobrepoblación

Otra problemática expuesta por Calcagni es la sobrepoblación y diferentes grupos objetivos que existen dentro de las residencias para menores.

Según indica, los tribunales, que advirtieron de un 43% residencias con hacinamiento, derivan "los casos cuando no tienen oferta. Y como hay menos residencias de las que se necesitan, mandan niños que no son del rango etario que estás trabajando. Por ejemplo, tengo una residencia para niñas de 6 a 12 años y me mandan niñas de 14 o de 15", lo que asegura genera mayores problemáticas de convivencia, hacinamiento y dificulta un trato más personalizado.

Por otro lado también advierte que "Mejor Niñez decidió hace un tiempo que tendrá un solo tipo de residencias y tenemos niños muy distintos en ellas. Hay niños con justicia penal, con explotación sexual infantil, con consumo activo de drogas, con temas de salud mental o discapacidad".

"Eso no corresponde. Porque si bien todos los niños que ingresan son o han sido vulnerados en cierto modo, los perfiles son distintos y se generan más problemas de convivencia. Se hace súper difícil cuidar a los niños. Eso requiere que el Estado defina residencias distintas y más especializadas", sostiene.

Sobre estas condiciones de hacinamiento y perfiles distintos de acogidos, la directora nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia reconoció que "es cierto que en nuestra red hay adolescentes que han tenido conflictos con la ley, pero no podemos dejar de lado que ellos también son sujetos de especial protección debido a sus trayectorias de vida. Además, la mayoría de los adolescentes que están en esta situación están bajo el cuidado de residencias administradas por el Estado, y para abordar esto adecuadamente se están implementando estrategias como procesos de transferencia y asistencia técnica o programas de cuidado de equipos".

Como una solución a estos problemas desde María Ayuda plantean un modelo de gestión para tener residencias de no más de 15 personas. Para ello trabajan en dos planes pilotos en Maipú, Región Metropolitana, donde acogerán a 12 niñas de entre 6 y 12 años; y otra casa de acogida en Los Ángeles, Región del Biobío, donde recibirán a 15 niños y niñas de entre 6 a 11 años. En esa comuna la corporación dijo que no existen residencias para varones, y se suma al déficit que afirman que hay en Iquique, Antofagasta y Coyhaique.