Redacción - La Estrella

El alcalde de Arica Gerardo Espíndola y el delegado presidencial Ricardo Sanzana, visitaron el control fronterizo Chacalluta para conocer en terreno el despliegue militar para el resguardo de la frontera, en el marco de la implementación de la Ley de Infraestructura Crítica que comenzó a regir el 25 de febrero pasado.

Durante la visita, conocieron una serie de antecedentes como el inescrupuloso cobro que algunos conductores realizan a extranjeros para trasladarlos desde Chacalluta a la ciudad, quienes cobran hasta 100 mil pesos por el servicio. Además, desde el sábado 25 de febrero, aproximadamente 250 personas extranjeras han sido reconducidas, en su mayoría ciudadanos venezolanos.

Si bien es muy pronto para sacar conclusiones, las autoridades realizaron un balance positivo no solo por la cifra de intervenciones que las policías y fuerzas armadas han realizado en estas casi dos semanas, sino por el efecto disuasorio que ha mermado los intentos de ingreso por pasos no habilitados.

"Hemos sido testigos en este momento, acá en la frontera, de cómo se generan estos procesos de implementación de la Ley de Infraestructura Crítica, con un Ejército activo en estos espacios, con resultados bastante interesantes de personas que son reconducidas, que son devueltas hacia Perú luego de intentar ingresar por nuestro territorio", comenzó explicando el alcalde Espíndola.

El jefe comunal, manifestó que, durante febrero, el número de ocupación negativa de espacios públicos aumentó alarmantemente, lo que demuestra que, aunque la Ley de Infraestructura Crítica era crucial para resguardar las fronteras, aún es insuficiente.

"Aún tenemos en la ciudad mucha población migrante haciendo mal uso de los espacios públicos, durmiendo en plazas y parques y eso es lo que tenemos que erradicar. Allí he insistido con el Gobierno en que necesitamos más recursos como región para poder enfrentar eso. No obstante, lo que estamos viendo en la frontera, que la presencia del Estado se está haciendo real, es un inicio". Por su parte, el delegado Ricardo Sanzana señaló que el Gobierno no está cerrando las fronteras, sino que otorgando mayores herramientas para frenar losingreso al país de manera irregular.

25 de febrero comenzó a regir la implementación de la ley de Infraestructura Crítica.

Mientras se realizaba un patrullaje de rutina en el sector de Laguna Blanca (Hito 69) ruta A-023, Provincia de Parinacota, personal del Ejército y Carabineros del Retén Tacora, que integran las fuerzas dependientes de la Jefatura de Área Fronteriza (JAF), de la Región de Arica y Parinacota efectuaron un control a un vehículo motorizado de alto tonelaje.

El móvil transitaba por un paso no habilitado, por lo que fue controlado por el personal y se incautó el camión con contrabando de varias toneladas de frutas.

Electrodomésticos

Por otro lado en un patrullaje de rutina en el sector de Cerro Capitán (Hito XXIII, XXIV) ruta A-253 Provincia de Parinacota, personal del Ejército y Carabineros del Reten Chilcaya y Guallatire, que integran las fuerzas dependientes de la Jefatura de Área Fronteriza (JAF), de la Región de Arica y Parinacota realizaron un control de dos vehículos motorizados de alto tonelaje, que transitaban por un paso no habilitado.

Tras la inspección fueron incautados 02 camiones con contrabando de aproximadamente 300 cajas de electrodomésticos entre televisores de alta gama y microondas, además de 200 fardos de ropa.

Los detenidos en ambos controles fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para dar cuenta de los ilícitos incurridos en ambos casos.

Con un contundente respaldo del Senado, el Congreso culminó el trámite del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio 190 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la violencia y el acoso de los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado frente a la violencia y el acoso que ocurren durante el trabajo, o bien, como resultado del mismo.

La iniciativa se fundamenta en la existencia de un contexto de denuncias ante la Dirección del Trabajo por acoso sexual y laboral que afecta principalmente a mujeres, quienes presentan más de la mitad de las denuncias de manera directa, mientras que otro grupo significativo demanda mediante organizaciones de carácter sindical.

Sectores del comercio, educación, administración y servicios son los más afectados y la mayoría de los denunciantes señalan que han visto afectada su integridad psíquica y en el caso de las denuncias por acoso presentadas por las mujeres involucran tanto a superiores jerárquicos como a compañeros de trabajo.

Al respecto, el senador José Miguel Durana (UDI) manifestó que la violencia y el acoso, en materia laboral, es un verdadero flagelo que debe ser desterrado de nuestra sociedad porque muchas veces es invisibilizado por las víctimas que reciben amenazas y frente a temores de la pérdida de la fuente laboral, no se registra en cifras oficiales.

Puntualizó que este acoso y violencia laboral es aún más grave cuando se produce en contextos de vulnerabilidad de la mujer y la lucha contra este lamentable fenómeno compromete a todos.

Afirmando que Chile ya cuenta con una base legislativa que cumple con estándares similares y, en algunos casos superiores a los exigidos por el acuerdo internacional.