Editorial
Despliegue en la frontera
Sin mucha bulla, comenzó la madrugada del recién pasado sábado el despliegue de medios y personal militar que de manera conjunta, por 90 días, reforzará la labor de control migratorio en la frontera, otorgando nuevas facultades a personal de las Fuerzas Armadas.
La medida, que se enmarca en la Ley 21.542 que modifica la actual Constitución Política de Chile, permite que las Fuerzas Armadas tengan la facultad de efectuar un control de identidad, registro de pertenencias y detener personas para ponerlas a disposición de las policías, todo bajo el Reglamento de Uso de la Fuerza (RUF).
Una medida que había sido pedida por varios sectores de la sociedad, y cuyo objetivo es reforzar el despliegue actual de los medios militares e incrementar las tareas de control fronterizo, para así contribuir a una mayor percepción de seguridad en la población.
Lo cierto es que la crisis migratoria que vive el país tiene un gran impacto en las comunas del Norte Grande. Los descontrolados ingresos irregulares representaban una problemática que debía abordarse con el objetivo de lograr una regulación y ordenamiento.
Entendiendo que migrar es un derecho humano, lo que se extrañaba era que quienes llegaban al país debían cumplir con los requisitos impuestos por nuestra legislación y para ello debía controlarse.
Para efectuar estas labores fronterizas, personal de la Brigada Motorizada N°24 "Huamachuco", Brigada Motorizada N°4 "Rancagua", Regimentó Logístico N°6 "Pisagua" y 1ra Brigada Acorazada "Coraceros", recibieron las capacitaciones teóricas y prácticas en los módulos sobre "Técnicas de intervención policial y Derechos Humanos", por el personal especialista de las distintas áreas de Carabineros de Chile.
Más allá del debate, que pudiera ser muy valedero, no se puede negar que es un avance en la tarea de ordenar el ingreso irregular y limitarlo a quienes puedan acreditar que no tienen causas pendientes en sus países de origen y sus intenciones son iniciar una nueva vida y convertirse en un aporte para el país.
"Más allá del debate, que pudiera ser muy valedero, no se puede negar que es un avance en la tarea de ordenar el ingreso irregular".