Esta semana la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el regreso del voto obligatorio por 124 votos a favor, 6 en contra (independientes y el diputado Gonzalo Winter) y 3 abstenciones de los diputados del Partido Liberal. El proyecto consistió en una reforma a la Constitución vigente que establece, donde decía que el sufragio era voluntario, que "en las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario y secreto". Un párrafo posterior consagra que "el sufragio será obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos salvo en las elecciones primarias. Una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los electores que estarán exentos de ellas y el procedimiento para su determinación".

De esta manera, la iniciativa legislativa queda lista para ser promulgada. Sin embargo, queda pendiente la tramitación de dicha ley orgánica constitucional mediante la cual se deben establecer las sanciones para quienes no acudan a sufragar. Este proyecto que permanece en la Comisión de Constitución del Senado, está a la espera de indicaciones del Ejecutivo.

Así, casi diez años pasaron desde que se iniciara la Ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario en nuestro país, lo que estableció que la participación ciudadana fue esencialmente un derecho, más que una obligación. Sin embargo, con el pasar de los años la ciudadanía en general, lejos de manifestar su interés en participar en los procesos, se fue alejando paulatinamente de las urnas.

Es en ese contexto en que el plebiscito de salida del 4 de septiembre, fue la más clara evidencia de lo necesario que se hacía un cambio de legislación para poder garantizar una mayor participación en las unas, luego de la masiva concurrencia a las urnas. Este hecho fue valorado transversalmente debido a la legitimidad que este nivel de votación daba a los resultados.

Hay derechos que la ciudadanía conoce muy bien y que sabe aprovechar, pero hay otros que simplemente no se consideraron ni asumieron con la propiedad y la importancia que revestían.

"La escasa participación electoral levantó el regreso del voto obligatorio, que está listo para ser ley.

El Estado de Chile ha asumido respecto de las personas con discapacidad, el reconocimiento de los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluidos el no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, emanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano.

En el sistema penal, esa obligación se asume respecto de las personas que son objeto de persecución penal, sin ningún tipo de discriminación. La mirada que debemos tener todos los actores del proceso penal es que nos encontramos frente a personas que tienen una enfermedad de salud mental y que se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria. Son personas que podrían ser declaradas inimputables por el acto cometido, precisamente por su condición mental, pues nunca comprendieron el ilícito perpetrado o sus consecuencias.

Mientras se investigan los hechos, el tribunal podría aplicar medidas cautelares respetando los principios de proporcionalidad y excepcionalidad que rigen las mismas; entre ellas, la privación de libertad. Siempre que se trate de una persona que sea peligrosa para sí o para terceros. Esa medida privativa de libertad (internación provisional) jamás se debe cumplir en un recinto carcelario, sino en un centro hospitalario, ya que es la única manera de respetar su condición de salud mental. En otras palabras, se le debe tratar como una persona enferma que necesita cuidados médicos. No pueden ser discriminados por el Estado sólo por el hecho de haber cometido un delito.

La cárcel exacerba la violencia contra grupos en situación de vulneración. Por eso en nuestro país con un sistema penitenciario en crisis permanente el respeto de los derechos humanos es tan necesario y nos conmina a tomarnos en serio los derechos de las personas más discriminadas. Más aún cuando tenemos en frente a una persona enferma por su condición de salud mental.

"La cárcel exacerba la violencia contra grupos en situación de vulneración".

Sergio Zenteno Alfaro, Defensor regional (s)

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