20 empresas se acogen a la Ley de inclusión laboral
Presidenta del Consejo de la Discapacidad dijo que la región está en desventaja por tener pocas empresas grandes. La ley funciona desde la voluntad.
Este año se cumplieron 4 años de la puesta en marcha de la Ley 21.015, que exige a las empresas, el Estado y las reparticiones públicas con más de 100 trabajadores a contar con 1% de su planta ocupada por personas con discapacidad. Y según los registros de la Dirección del Trabajo, en la región de Arica y Parinacota en 2022 un total de 20 empresas han registrado a los trabajadores con contratos de trabajo bajo esta ley.
En este contexto la Seremi del Trabajo informó que, desde el 1 de abril de 2018 se han celebrado 597 contratos vigentes de trabajo de personas con discapacidad y/o asignatarios de pensión de invalidez.
Frente a la realidad regional, Sheila Sánchez, presidenta del Consejo Regional de Discapacidad, explicó que, "la puesta en marcha no ha sido muy favorable para la región porque no tenemos grandes empresas, y lo que hicieron las pocas que hay en Arica, es que las mismas personas que ya tenían contratadas con alguna situación de discapacidad les sacaron las credenciales. O sea, certificaron la discapacidad de esa persona para dar cumplimiento a lo que la ley exige".
Respecto al proceso, agregó que, "el año pasado si no me equivoco; en la región eran 140 a 150 las que realmente se contrataron por la Ley de Inclusión laboral. Sin embargo, esos contratos no fueron indefinidos, fueron de 1 a 3 meses, pero con eso cumplían con la ley. Aunque igual tenemos empresas que han aportado con contratos indefinidos o con mayor tiempo de empleo, pero son pocos".
Según la dirigenta y Trabajadora Social, las empresas más comprometidas con este proceso, son el Terminal Puerto Arica, Ferretería Iberia, Semillera de Lombardi, Líder y otras empresas pequeñas.
Sector público
En el ámbito de las instituciones públicas, Sánchez señaló que el tema es complejo debido a los estamentos que los rigen, la falta de cupos para planta y otros. "Yo no conozco muchas personas con discapacidad que estén en servicios públicos. Con suerte habremos dos o tres, y los que hay tienen que haber sido personas que ya estaban contratadas".
Sobre los avances de esta normativa, la profesional recalcó que se tiene que trabajar en una inclusividad general. "Que se fomente la inclusión en todo su aspecto, no solo con las personas con discapacidad porque si nos enfocamos mucho en el cumplimiento de la ley, muchos van a contratar a alguien por compromiso de un mes y después afuera. Y la ley de inclusión laboral es efectiva cuando tenemos personas trabajando de forma permanente en una empresa privada o pública".
Con el fin de abordar este tema y otros, Sánchez precisó que, "Senadis, es un servicio que está muy pendiente de la inclusión laboral. Es así como dentro del Consejo Regional llevamos varios años trabajando en comisiones y hace poco formamos la Comisión de Inclusión Laboral donde hay dos consejeros y también está una organización llamada Avance Inclusión. La idea es que a través de esta comisión se pueda mejorar los procesos en la región, no todo es malo, siempre hay cosas buenas quizás los avances son lentos, pero se requiere el compromiso de todos, no solo de algunos".