Aumento del contrabando de cigarrillos en la zona norte
En estos días se ha hecho público un informe de la Comisión Bicameral de Investigación de Paraguay que señala al expresidente paraguayo Horacio Cartes (durante los años 2013 a 2018) como el "jefe de una red de tráfico de cigarrillos y de lavado de dinero" detallando una serie de irregularidades en las operaciones del grupo Tabesa, propiedad del exmandatario.
El informe es relevante porque explica el porqué ha sido tan difícil lograr que en Paraguay se adopten medidas relevantes para controlar el envío de diversos productos de contrabando a los países de la región, siendo Chile uno de los principales afectados con dichos ilícitos. De hecho, un estudio publicado el año 2021 por Cadep (Centro de análisis y difusión de la Economía Paraguaya) concluyó que mientras el consumo de cigarrillos en Paraguay ha disminuido notablemente en los últimos 20 años, la oferta de productos del tabaco de empresas locales en Paraguay ha crecido significativamente en ese mismo período, y la oferta neta estimada de cigarrillos ha sido al menos 7 veces mayor que el consumo doméstico de cigarrillos.
La explicación es evidente. Se produce muchísimo más de lo que se consume y el resto se envía de contrabando a los países vecinos.
Por su parte, las cifras muestran que el contrabando de cigarrillos está teniendo un aumento muy significativo en nuestro país, existiendo bandas organizadas que se dedican a su importación y distribución. Una de las señales que han evidenciado el poder de fuego de dichas organizaciones es el hecho que en dos oportunidades se han producido enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan los cigarrillos de contrabando, semejantes a las "mexicanas" como conocemos a las quitadas de drogas, que han acabado con delincuentes muertos.
El estudio 'Pack Swap' de Mide UC muestra que cerca de un 50% del cigarrillo que se comercializa en la macrozona norte del país es cigarrillo de contrabando. Todo ello, por cierto, genera problemas graves de criminalidad organizada, competencia desleal con el comercio establecido y mermas significativas en la recaudación fiscal que sólo por este ítem se estiman en 500 millones de dólares anuales de menores impuestos recaudados.
Todo lo anterior pone de manifiesto la importancia de reforzar el combate contra la criminalidad organizada en el país, y especialmente en la macrozona norte. La extensa frontera que nos separa de Perú y especialmente de Bolivia (861 kilómetros esta última, con cientos de pasos fronterizos no habilitados) constituye un poderoso obstáculo para controlar el flujo de mercancía ilícita que ingresa a Chile, favoreciendo también una inmigración que en los últimos años se ha vuelto descontrolada.
Es por esa misma frontera por donde ingresan drogas, armas, mercadería de contrabando y por donde ingresan de manera irregular cientos de personas al país. Recuperar el control de esa frontera es entonces vital y constituye un esfuerzo donde las principales instituciones del país deben actuar coordinadamente.
Son esperanzadoras y van en la dirección correcta las medidas anunciadas por el subsecretario Monsalve respecto a un aumento de 6 mil millones de pesos para reforzar la seguridad en la zona norte, destinados a Carabineros, PDI, Fiscalía y Servicio de Aduanas para mejorar la seguridad en las fronteras sin que exista, a mi juicio, un obstáculo para que el Ejército y la Armada puedan colaborar con sus capacidades en dicha mejora. La magnitud del desafío exige que nuestros mejores esfuerzos se mancomunen en esa dirección antes de que sea demasiado tarde. Ese es el desafío.
Carlos Gajardo, abogado y ex fiscal