Avances concretos en favor de los alimentarios
Este miércoles 17 de agosto se dio otro paso importante en la búsqueda por proteger efectivamente los derechos de los alimentarios, los que por ley poseen los hijos y que deben ser entregados por sus padres, principalmente cuando se separan. La Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de responsabilidad parental y el pago efectivo de pensiones alimenticias, el cual establece mecanismos que se vislumbran como una solución más concreta para que se puedan cobrar los montos adeudados por este concepto.
En términos generales, señala que al existir al menos un mes de incumplimiento, se puede pedir al tribunal que ordene el pago de lo adeudado con cargo a los fondos que el alimentante incumplidor tenga en sus cuentas bancarias, instrumentos de inversión e incluso en las cuentas de ahorro previsional voluntario.
Lo anterior constituye un avance significativo, ya que se percibe como una medida rápida que permite a los alimentarios una herramienta efectiva en contra de aquellos alimentantes que no cumplen voluntariamente, pudiendo hacerlo.
Asimismo, se establece que, existiendo tres pensiones adeudadas continuas o discontinuas, si el alimentante incumplidor carece de fondos o estos resultan insuficientes, podrá el demandante pedir al tribunal que consulte con la AFP.También el proyecto señala ciertos límites para el pago de la deuda de alimentos con los fondos de la cuenta de capitalización, reconociendo diversas hipótesis en que, dependiendo de la cantidad de años que le resten para cumplir la edad para jubilar, se establece un porcentaje variable de los recursos de su cuenta que podrían verse afectados para exigir el cumplimiento de lo debido.
De esta forma se logra continuar avanzando para mejorar la legislación existente, de tal manera que se concrete una protección efectiva de aquellos alimentarios que han visto constantemente sus derechos vulnerados. Es así como se puede albergar la esperanza de que, en un futuro próximo, podamos lograr una reducción significativa de las cifras nacionales de incumplimiento que no enorgullecen a nuestra sociedad.
Alicia Castillo Directora Escuela de Derecho Universidad de Las Américas