Fenómeno de violencia cíclica
Según últimas estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aproximadamente 5.6 millones de venezolanas/os han huido de su país producto de la crisis política-social y económica. El 85% se concentra en América Latina y el Caribe. En este contexto, la anterior administración implementó una fallida y violenta política migratoria que promovió la irregularidad y los ingresos no habilitados, pavimentando el camino de la inseguridad y vulnerabilidad. El discurso fue claro: cierre de fronteras, expulsión de personas, reconducción (sin un acuerdo previo con el resto de los países fronterizos), y/o endurecimiento de requisitos para reingresar.
Este escenario configura la hoja de ruta del Tren de Aragua en Chile, una oportunidad de negocio para desplazar personas desde Venezuela con la promesa de ingresar a nuestro país para luego reclutarlas y obtener ganancias a través de la vulneración y el sometimiento de los cuerpos, especialmente de mujeres, niños, niñas y adolescentes expuestas al secuestro, extorsión, trata, explotación sexual y laboral en búsqueda de algo que hoy se les niega: protección y dignidad. ¿Desde cuándo deshumanizamos el debate del cuidado y protección de las personas a partir de su nacionalidad?.
Quienes forman parte del Tren de Aragua reclutan y extorsionan a venezolanas/os tanto en el trayecto migratorio como en Chile, producto de la desconfianza en las autoridades o a la falta de redes de apoyo, y por la inacción de un Estado somnoliento incapaz de gestionar un conflicto en crecimiento. Negocio redondo para las bandas transnacionales de crimen organizado; caldo de cultivo para quienes buscan asociar la migración con la inseguridad y delincuencia.
La violencia estructural y cultural (racismo, xenofobia, discriminación, acoso sexual) que permea el fenómeno migratorio en Chile finaliza con un acto de violencia directa: el auge de un círculo de poder (Tren de Aragua) dispuesto a todo con tal de conseguir dinero y poder para replicar sus operaciones en el continente. El debate no debiese girar en la falta de mecanismos que ha implementado el Estado para proteger a los y las migrantes venezolanas que ven atropellada su integridad en manos del Tren de Aragua.
La actual administración ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en este sentido, impulsando un aumento de recursos para fortalecer capacidades frente al crimen transnacional organizado, además de gestionar la regularización migratoria estancada en el anterior gobierno. Sin embargo, falta avanzar en la conexión de una política migratoria regional que aborde de manera integral la violencia cíclica, para que no sea la misma población migrante quienes desde la resistencia, luchan contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la falta de oportunidades. Esto sería, sin duda, un avance en la humanización del debate migratorio en Chile.
Matías Fouillioux, investigador posdoctoral en la línea migraciones del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU), Universidad Católica Silva Henríquez