Casas de estudios avanzan en implementación de protocolos
Superintendencia dio a conocer el estado de Ues, CFT e institutos en la puesta en marcha de ley que regula acoso, violencia y discriminación de género.
La Ley N°21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, establece un conjunto de exigencias a las casas de estudios, tendientes a que éstas desplieguen políticas, protocolos y modelos de prevención, investigación y sanción de las conductas de acoso sexual, violencia y discriminación de género, al tiempo que dispongan de estructuras organizacionales y mecanismos para su gestión. Todo ello, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de dichas conductas en el ámbito académico.
En ese sentido, la Superintendencia de Educación Superior detalló que en el caso de la Región de Arica y Parinacota, existen 10 instituciones de educación superior (con una matrícula total de 16.779 estudiantes). Estas se dividen en 4 centros de formación técnica (CFT); 2 institutos profesionales y 4 universidades.
De ellas, nueve declararon contar con algún tipo de política contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género y un CFT informó que aún no cuentan con esta nueva exigencia legal.
Asimismo, destacó el hecho de que ocho instituciones ya contaban con algún tipo de política con anterioridad a la dictación de la ley: 3 universidades, 2 institutos profesionales y 3 CFT. Por otra parte, una universidad informó que su política fue actualizada con posterioridad a la promulgación de la ley.
"En lo que se refiere a la implementación de los distintos elementos que dan cuenta de la política integral, es posible comprobar que el mayor avance que registran las instituciones de la región se presenta en la conformación de las unidades de implementación. Por su parte, el componente que se encuentra en un menor nivel de desarrollo y ejecución responde a la existencia de los modelos de prevención y de investigación y sanción", informaron desde la Superintendencia.
Otra materia importante consultada a las instituciones de educación superior dice relación con los plazos comprometidos para la implementación de los distintos elementos contemplados como exigencia por la Ley N°21.369, frente a lo cual, todas señalaron que cumplirán con la fecha perentoria, es decir, antes del 15 de septiembre próximo.
Finalmente, se establece que la creación de los planes, protocolos, políticas y reglamentos que forman parte de la política integral deben considerar la participación de las comunidades educativas. En ese sentido, son las universidades las que cuentan con mayores niveles de involucramiento de sus diversos estamentos, en vista de que tres de las cuatro universidades emplazadas en la región declaran que la mayoría o todos los instrumentos fueron desarrollados de forma participativa.
"Preocupa que dos CFT de la región reconozcan que ninguno de los elementos considerados haya sido elaborado de forma participativa, lo que obligará a establecer canales de evaluación, deliberación y validación, según corresponda, a fin de dar cumplimiento a los requerimientos legales", señaló la Superintendencia.