Diego Gotelli C.

Como si de niños se tratasen, el Octavo Juzgado Civil de Santiago ordenó que dos ex pololos instauren un régimen de tuición compartida de las mascotas que criaron en su relación sentimental, luego de que uno de ellos demandara a su expareja por no permitirle ver a los canes.

"Jamás imaginé que lo lograría. Mi abogado me dijo que era difícil porque no había pasado nunca en Chile. Este fallo lo recibo con mucha sorpresa y alegría. Espero que se pueda sentar un precedente y que ya no se siga considerando a las mascotas como objeto, porque hay gente que genera un vínculo emocional con ellos", dijo a este medio Nicolás Baeza, un piloto comercial que con la sentencia podrá volver a ver a sus mascotas, que hace casi dos años dejó de visitar.

En su fallo la magistrada Sylvia Papa Beletti acogió la demanda de cese gratuito de bien común ingresada por Baeza, quien exigió poder estar con los dos perros de la raza Shi Tzu que vio crecer y que quedaron bajo el cuidado de su exnovia, luego que ambos se separaron tras una relación que duró cinco años.

Según la sentencia, ambos canes fueron adquiridos mientras el demandante era pareja de la nutricionista. El primero llegó a sus vidas el año 2015, cuando lo compraron en una tienda del Parque Arauco por $450 mil, costeado por el piloto. Fue inscrito en el Registro de Mascotas con el nombre de "Igor", trámite que hizo la demandada.

Tres años después, y aludiendo a cuadros de angustia en el can por falta de compañía, iniciaron una fertilización asistida con otra perra de la misma raza para dar nacimiento a un cachorro, el que fue inscrito por la nutricionista bajo el nombre de "Bambú". El procedimiento tuvo un coste de $125 mil.

Con los perros creciendo en el hogar en que convivía la pareja en Vitacura, al poco tiempo de nacido "Bambú" se separaron, abriendo el dilema sobre dónde vivirían las mascotas.

Según Baeza, su exnovia sugirió que cada uno se quedara con un perro, lo que el demandante rechazó por lo que podría significarles a los animales vivir separados. Acordaron que ella tuviera a los canes y que él una vez al mes pudiera llevarlos a su casa, lo que hicieron por dos años pero que luego ella rompió -acusa él- prohibiéndole ver a las mascotas y cortando todo contacto mutuo.

"Sentí una angustia e impotencia terrible", señala el demandante.

Durante la tramitación del caso, la demandada no asistió a las citaciones del tribunal, pero presentó testigos en su defensa. Una veterinaria afirmó que es ella quien se encarga de los controles de salud de las mascotas, y una amiga afirmó que Igor fue un obsequio entregado por el expololo, según le contó ella.

Con todo, la magistrada determinó que la propiedad de los canes pertenece a ambos, y asemejó la relación entre la ex pareja y sus perros con la que existe entre padres e hijos.

"No debe ni puede interpretarse únicamente en un sentido económico-patrimonial, sino en la posibilidad de disfrutar y gozar de las mascotas, en su sentido más amplio que incluye su compañía, así como su ámbito afectivo, puesto que (...) los perros son seres que sienten y manifiestan sus emociones", señala el fallo, en el que se ordena a ambos mantener un régimen de cuidado compartido de los canes, alternándose la tenencia cada tres meses.

El convencional Hernán Larraín Matte insistió en sus críticas a la mesa de la Convención luego de acusar un cambio en la redacción de un artículo sin que sea votado en el pleno, acto que afirma "no es parte de nuestras facultades".

El ajuste ocurrió en el artículo 191, sobre consultas indígenas para materias que afecten sus derechos constitucionales, apartado en el que la mesa aprobó por 8 votos a favor y la negativa del Evópoli de reemplazar el concepto "naciones preexistentes al Estado" por "naciones indígenas".

"No es accidental, tiene un sentido político" acusó Larraín en radio Universo, recordando que ese artículo ha estado en el debate. La norma ha sido críticada por Vamos por Chile, sector al que él pertenece.

En su acusación Larraín dijo que es un actuar "abusivo" aunque desconociera el efecto que podría generar la redacción. Ayer abogados constitucionalistas criticaron la forma en que se hizo, aunque dudaron que signifique un cambio de fondo.

Desde la mesa replicaron que por reglamento tienen atribuciones para corregir el texto a fin de cumplir el principio de coherencia. Ello, afirman, motivó el ajuste, pues en el borrador el concepto usado es "naciones indígenas", que aparece una treintena de veces, pero persistió una excepción que es la cambiada.

"Es una polémica artificial", dijo el vicepresidente Gaspar Domínguez, quien aseguró que Larraín aprobó corregir un concepto en otra norma que tampoco fue visada por el pleno.