"El texto no soluciona, sino empeora los defectos graves de la Constitución actual"
El académico analiza el borrador que redactó la Convención y, aunque destaca aciertos, lo describe como "estatista, burocrático, ambiguo, aficionado e indigenista". Junto con explicar por qué estos calificativos nublan el objetivo de una nueva Carta Magna, sugiere no gobernar por decreto en una eventual transición y aborda la tercera vía tras el plebiscito.
Por Mauricio Ávila C. - La Estrella
Aunque parezca lo contrario, es muy probable que no estemos ni siquiera en la mitad del proceso constituyente. A casi cuatro meses del plebiscito de salida, gane el apruebo o el rechazo, quedará un largo camino legislativo para lograr la transición.
Jaime Arancibia, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes e investigador de POLIS, el Observatorio Constitucional de la misma casa de estudios, es doctor en Derecho de la Universidad de Cambridge, y como todo el mundo académico ha estado mirando con detalle el trabajo de la Convención Constitucional. Si bien cree que entre los 499 artículos incluidos en el primer borrador existen cosas positivas, también considera que hay aspectos deficientes y preocupantes.
"Parece un borrador bastante preliminar o 'caótico', en palabras del convencional (Patricio) Fernández. Todavía no cumple con los estándares de técnica jurídica que exige nada menos que la norma más importante de la República", analiza.
-¿Qué es lo bueno?
-Hay varias cosas buenas. El borrador menciona otros derechos sociales (alimentación, agua, vivienda, energía, trabajadores domésticos y de cuidado), reconoce la cultura de los pueblos indígenas, el aporte de las personas con discapacidad, la mayor participación de las mujeres en política, y asegura financiamiento estatal a los bomberos. Además, introduce el principio de responsabilidad y sostenibilidad fiscal, la no regresión o retroceso de los derechos fundamentales, la función social del deporte, el acceso a cargos públicos por mérito y concurso, el trabajo decente y compatible con la vida familiar, la desconexión digital fuera del horario laboral y la posibilidad de negociación colectiva ramal, sectorial y territorial. Destacaría también la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, la proximidad e itinerancia de los tribunales, la exigencia explícita de que deben ser independientes e imparciales, así como otras exigencias del debido proceso. En un plano más técnico, es positivo el perfeccionamiento de la carrera funcionaria y el otorgamiento de personalidad jurídica a la Contraloría.
-¿Y qué es lo malo, en términos generales?
-El texto no soluciona, sino empeora los defectos graves de la Constitución actual. La idea era proponer una nueva Carta que superara estas deficiencias y pusiera a Chile a la vanguardia constitucional del siglo XXI. Alcanzamos a avanzar en esa dirección con una Convención elegida democráticamente, lo que permitía corregir el déficit de legitimidad de algunas disposiciones vigentes. Sin embargo, el contenido y omisiones graves del borrador nos hicieron retroceder varios pasos.
-¿Por qué?
-La propuesta agudiza la crisis constitucional de los últimos años. Esta no se debe a la falta de "reconocimiento" de derechos sociales en la Carta Magna. De hecho, la actual normativa permite proteger todos los derechos sociales que menciona la Convención. El problema es otro, la incapacidad de cualquier gobierno para materializar sus políticas sociales eficazmente ante un Congreso en el que no siempre goza de mayoría, que está fragmentado en múltiples facciones debido al sistema electoral y sustentado en una institucionalidad partidaria deficiente con escasos requisitos de mérito para acceder a cargos de elección popular. La calidad de las personas hace a las instituciones y no al revés.
-¿Por qué el borrador no corregiría esa crisis constitucional?
-Porque no dice nada, insisto, nada, con respecto a los partidos políticos, pieza clave de la gobernanza democrática. Además, mantiene un sistema electoral atomizado, expuesto a aventuras individualistas de independientes, con altos riesgos de populismo debido a la iniciativa parlamentaria en materia de gasto y a la posibilidad de reelección del Presidente de la República. Súmele a eso la debilidad de la Cámara territorial ante el Congreso, que resta prudencia al actuar legislativo, y la proliferación de entidades con autonomía política, que ralentiza al gobierno. Por último, el Consejo de la Justicia, dada su composición, produce un riesgo cierto de control político de la judicatura, como ha quedado demostrado en España y Argentina. En suma, habría menor gobernabilidad y mayor ineficacia del aparato político, con el consiguiente malestar ciudadano.
-¿Y por qué esto afectaría los derechos sociales?
-No sacamos nada con reconocer más y más derechos si no es posible asegurarlos en la práctica y eso requiere un régimen de gobierno eficaz y democrático. Debemos considerar esto para evitar falsas expectativas o frustraciones. Piense usted que las constituciones de Cuba, Venezuela, Bolivia y Haití reconocen la mayoría de los derechos presentes en el borrador chileno y están bastante peor en los índices de bienestar. ¿Por qué? La falla grave en su sistema político disminuye severamente los ingresos tributarios que financian esas prestaciones sociales. Un buen sistema político es imprescindible para los derechos. Tanto así, que la Constitución de Estados Unidos original reguló eficazmente los poderes sin reconocer ningún derecho. La Constitución de Alemania no menciona ningún derecho social y, sin embargo, los germanos están más protegidos que nosotros, precisamente, por la solidez de sus instituciones democráticas.
"No sacamos nada con reconocer más y más derechos si no es posible asegurarlos en la práctica práctica y eso requiere un régimen de gobierno eficaz y democrático".