Recientemente se ha hecho pública la sentencia del Caso Pavez Pavez Vs. Chile, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que existe responsabilidad del Estado, por violación a los derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad personal, a la vida propia, y al trabajo, reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, en perjuicio de Sandra Pavez Pavez. Se consideró que la separación de su cargo de profesora de religión católica luego de que fuera revocado su certificado de idoneidad por parte de la Vicaría para la Educación del Obispado de San Bernardo, constituyó una diferencia de trato, basada en la orientación sexual, que resultó discriminatoria y que afectó sus derechos. Además, se concluyó que el Estado chileno es responsable por la violación a las garantías judiciales y protección judicial, ya que los tribunales nacionales no efectuaron un adecuado control de convencionalidad sobre el acto del Colegio "Cardenal Antonio Samoré" y porque Sandra Pavez Pavez careció de recursos idóneos y efectivos para impugnar los efectos de la decisión del Arzobispado.

La Sentencia constituye un grave antecedente, que se suma a otros anteriores no menos graves, y genera discusiones teóricas sobre la dimensión individual y colectiva de la libertad de religión, así como de la autonomía de las jerarquías religiosas para decidir sobre quienes imparten clases sobre sus credos; y sobre los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

También se han establecido como condena una serie de acciones de reparación como de satisfacción, mediante la publicación del resumen de la sentencia en el Diario Oficial, garantías de no repetición y finalmente indemnizaciones compensatorias.

Esta decisión constituye un avance en la discusión de los derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad personal, a la vida propia, y al trabajo, ya que afirma que cuando se tensionan, al enfrentarse con la orientación sexual de las personas, se deriva en una situación de vulneración de los derechos humanos.

Jorge González González, abogado y académico de la Universidad Central

Las materias sobre libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos devueltas por el pleno de la Convención deben ser analizadas nuevamente para una segunda propuesta, lo que genera incertidumbre, pero a la vez, y con una mirada esperanzadora, la posibilidad de que se tome conciencia y se corrijan estos artículos para que realmente se garanticen tales libertades y derechos.

Creemos que la Convención tiene que ponerse en sintonía con lo que realmente quieren y necesitan en materia educacional los padres y apoderados de los más de 2 millones de estudiantes que se educan en los colegios particulares subvencionados del país, ya que ellos no están dispuestos a perder derechos que ya se encuentran consagrados tanto en nuestra legislación interna como en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.

Asimismo, lo anterior es vital para poder generar equidad y terminar con las discriminaciones arbitrarias en materia educacional, de las que son objeto las familias que eligen libremente estos colegios para sus hijos e hijas, y que han sido permanentemente segregados por algunas políticas públicas a pesar de que ellos educan al 55% de los estudiantes más vulnerables del país.

En la nueva Constitución, que debe representar el sentir de todos los chilenos, necesitamos que estas libertades y derechos estén consagrados sin "letra chica".

Hernán Saldaña

Secretario General de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS)

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