El Pleno de la Convención Constitucional aprobó recientemente las ideas matrices del diseño institucional que podría tener el Congreso Nacional, quedando conformado por la "Cámara de Diputadas y Diputados" y la "Cámara de las Regiones", la cual reemplazaría al actual Senado.

Pese a las dificultades iniciales que existieron para llegar a un acuerdo político, la mayoría de los convencionales ha optado finalmente por aprobar un sistema bicameral asimétrico, descartando la propuesta sostenida por algunos de conformar derechamente un congreso unicameral.

Dicho diseño establece que el poder político recaerá principalmente en la Cámara de Diputadas y Diputados, el cual será un órgano de representación popular a cargo de generar las leyes nacionales y de fiscalizar los actos del Ejecutivo. Por su parte, la Cámara de las Regiones será un órgano de representación territorial a cargo de generar las leyes de acuerdo regional.

Según dicha propuesta, la Cámara de las Regiones no tendría la facultad de revisar los proyectos de ley de alcance nacional que apruebe la otra cámara, como si ocurre en la actualidad con el actual Senado. En consecuencia, dejaría de existir un modelo de dos cámaras que se "controlan" entre sí.

En consecuencia, será relevante definir qué facultades tendrán finalmente ambos órganos para evitar que la Cámara de Diputadas y Diputados concentre un excesivo poder y que la Cámara de las Regiones termine siendo una entidad sin ningún peso político y sin ningún tipo de injerencia en la otra cámara, de manera que los territorios terminen por tener una presencia mínima en el proceso de toma de decisiones.

Como el Pleno no aprobó las normas que establecen las facultades de ambas cámaras, estas tendrán que ser reformuladas para que puedan volver a ser votadas. Solo en ese momento se sabrá con certeza cuál será el "peso político" de cada cámara en el diseño institucional que se propone.

Paulo Pérez, Académico Adjunto de la Carrera de Derecho UDLA

La deseable igualdad ante la ley está siempre en cuestionamiento, en especial cuando algunas personas buscan alterar dicho principio, cosa que ha ocurrido desde los inicios de los siglos.

Bien lo sabía Bernardo O`Higgins, quien durante su fundacional gobierno, dio una lucha frontal contra todos aquellos que evadían las normativas legales vigentes en la época.

Un ejemplo de ello es un decreto emitido por el prócer, a través del cual fijaba estrictas normas para aduanas, ya que se había detectado que diversos comerciantes cometían; "Fraudes y efectuaban solicitudes contra los intereses del fisco y de otros comerciantes".

Para normalizar la situación, emitió un nuevo plan y sistema de aduana, el que dispuso implementar, dando cumplimiento a lo siguiente; "Llevarlo a efecto en todas sus partes, con una completa igualdad para todos, sin excepciones de casos particulares, ni gracias que chocan a todo orden de equidad y de justicia".

De hecho, ordenó que el Ministerio de Hacienda, ni siquiera recibirá solicitud alguna, que se alejara aunque fuera en lo más mínimo a lo dispuesto.

Más de dos siglos después, pareciera que la enseñanza que nos enterregó nuestro Padre de la Patria, solo ha sido asumida en parte.

Antonio Yakcich Furche

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