Distintas penas que suman 39 años y 181 días de presidio efectivo obtuvo la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica y Parinacota en contra de 5 personas, por su participación, durante el año 2019, en diversos delitos de contrabando, soborno y cohecho.

De los acusados, cuatro corresponden a ex funcionarios de carabineros que ejercían funciones en unidades fronterizas de la provincia de Parinacota, los que recibían dinero a cambio de facilitar la salida ilegal de productos desde Chile.

Así, y luego de presentar una serie de pruebas acusatorias en el juicio oral, se condenó a J.C.M. a una pena de 10 años y un día de presidio por seis delitos de cohecho y a 541 días por un delito de soborno.

Además, los acusados C.D.H. y C.C.C. recibieron, cada uno, una sentencia de 10 años y un día de presidio por cuatro ilícitos de cohecho.

En tanto, el acusado H.N.M. fue condenado a 3 años y un día por un delito de cohecho, mientras que el único civil, I.M.A., fue condenado a 5 años y un día por dos delitos de soborno y a una pena de multa por contrabando.

Hasta 1 millón de pesos

La indagatoria de la Fiscalía que fue trabajada en conjunto con Carabineros y la PDI, permitió en mayo de 2019 detener a los acusados, estableciéndose que los ex policías recibieron sumas de entre 160 mil hasta un millón de pesos por facilitar las acciones de contrabando, desde dar aviso a los transportistas de los lugares y horas en que se harían fiscalizaciones hasta dejar salir ilegalmente los vehículos por pasos no habilitados.

La investigación se inició en febrero de 2019 cuando a través de interceptaciones se detectó que los acusados acordaban con los dueños de camiones y los choferes el momento y lugar en que los vehículos saldrían con la carga desde nuestro país, así como los montos a pagar por dicha acción ilícita.

Así, se estableció que en varias oportunidades los ex policías controlaban a los camioneros en el altiplano y se contactaban con los dueños de los vehículos negociando el monto a pagar para dejar salir ilegalmente la mercadería del país.

En otras oportunidades, los comerciantes llamaban a los uniformados consultándoles sobre las horas en que saldrían a fiscalizar, a objeto de ocultar su carga.

Según lo informado, también se estableció que algunas veces los efectivos se juntaron con los transportistas en Arica para hacer el cobro del dinero o que incluso se hacían transferencias a sus cuentas bancarias.

"Creemos que las altas penas impuestas a los acusados corresponden a la gravedad de los delitos que cometieron, dado que se aprovecharon de su condición de funcionarios públicos para facilitar estos ilícitos a cambio de dinero. Fue una investigación compleja y de largo aliento que nos permitió acreditar su partipación en los hechos", señaló Carlos Eltit, fiscal coordinador de la Unidad de Alta Complejidad.

Desvinculados

Al respecto, el jefe de la XV Zona, general Iván Monje Neira, fue enérgico en señalar que ante los mismos hechos investigados, los ex carabineros y funcionarios involucrados fueron desvinculados inmediatamente.

En ese contexto, el general Monje resaltó además que se trata de conductas que se apartan de la doctrina y principios institucionales, por lo que no van a ser aceptadas y son rechazadas en forma categórica y firme por parte de la institución.

Redacción

cronica@estrellaarica.cl

Como una productiva reunión de trabajo fue catalogado el encuentro que sostuvo el alcalde Gerardo Espíndola y la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Camila Rivera.

En la oportunidad, la titular de Gobierno entregó saludos protocolares a la máxima autoridad comunal, y aprovechó de fortalecer un trabajo bajo los lineamientos, prioridades y ejes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que dicen relación con una agenda integral en DD.HH; Justicia accesible e inclusiva e igualdad de género.

El alcalde Gerardo Espíndola indicó que "es muy importante esta primera reunión en materias que son fundamentales y, que a veces pasan desapercibidas para la comunidad y les afectan en su día a día; por lo mismo, el compromiso que asumimos hoy es cómo hacemos la bajada y sus ejes a espacios más territoriales, ya sean en las zonas urbanas o rurales, para así entrar en un espacio de reflexión, ya sean en los procesos constituyentes, de leyes y, por supuesto de la misma justicia y los derechos humanos".

Por su parte, la seremi, Camila Rivera sostuvo que "Queremos articular junto al alcalde una ruta de trabajo, enfocada en poder informar a la comunidad y, entender, que todas y todos somos importantes y cómo la justicia no solamente dice relación con el acceso a los trámites del sistema Judicial, sino que también, a la educación, por ejemplo, en Derechos Humanos, perspectiva e igualdad de género, probidad, entre otras materias transversales".

De acuerdo a lo informado, na de las primeras acciones será poder trabajar articuladamente en una agenda integral en Derechos Humanos y una justicia centrada en las personas con enfoque de género con algunas direcciones municipales como Dideco;

Dirección de Desarrollo Social y Dirección de Prevención y Seguridad Humana, entre otras.