Leo Riquelme

Horas después que encapuchados quemaran una casa patronal en Tirúa y otras dos viviendas en Contulmo y Cañete, llegó a Concepción el subsecretario del Interior Manuel Monsalve pare encabezar una reunión con autoridades del Biobío y abordar la crisis de seguridad que aqueja a la Macrozona Sur.

A la salida, la autoridad anunció que durante la próxima semana el Gobierno presentará una indicación sustantiva para modificar la ley que permite la investigación de organizaciones criminales, que dijo data de 1874.

"Las técnicas especiales de investigación que se utilizan, por ejemplo, en la persecución de delitos vinculados al tráfico de drogas, como los agentes encubiertos, los agentes reveladores, las entregas vigiladas, tienen que ser técnicas de investigación que puedan aplicarse no a delitos específicos, sino a la persecución de las organizaciones criminales", dijo.

El Gobierno actual ha rechazado utilizar la Ley Anti Terrorista, pues, según argumentó ayer Monsalve, ha resultado "absolutamente ineficaz" para perseguir los delitos en la Macrozona Sur. En otra actividad, el fiscal nacional Jorge Abbott añadió que dicha ley no les otorga atribuciones intrusivas y que su gran ventaja es mantener el secreto de la investigación.

Junto a ello, el subsecretario comprometió aumentar los vehículos blindados que tiene Carabineros -que según él cuadruplica a los que tenía antes del término del estado de excepción- y traspasar 5.500 millones de pesos para seguridad tanto en el Biobío como en La Araucanía.

Los anuncios se hicieron un día después que la Corte Suprema acogiera un recurso de protección de contratistas forestales que obliga al Gobierno a tomar más medidas para la zona.

Monsalve anunció también que presentará una querella por el delito de incendio contra quienes quemaron durante la noche la casa patronal del fundo Los Ajos, en Tirúa, cuyos dueños esperaban desde 2017 que se cumpliera una orden de desalojo de parte del predio.

Su propietario, Mauricio Sepúlveda, dijo que había panfletos de liberación de "presos políticos mapuche".

La Municipalidad de Providencia oficializó ayer que los seis alumnos del Liceo José Victorino Lastarria acusados en marzo de efectuar amenazas de abusos sexuales en contra de niñas de otros colegios de la Región Metropolitano fueron expulsados del establecimiento público.

La información fue comunicada a través de un mensaje del liceo subido a su sitio web, donde se refiere a los denunciados como integrantes de "La Manada", tal como se hacían llamar ellos a través de un grupo de Instagram que mantenían.

El municipio evitó referirse al hecho argumentando que se trata de menores de edad y que la decisión le fue notificada a sus apoderados.

El caso quedó en evidencia a mediados de marzo, cuando escolares salieron a las calles de Santiago y Providencia a protestar ante el liceo denunciando las amenazas enviadas directamente a mujeres de otros establecimientos capitalinos.

Según los antecedentes entregados a la Fiscalía en esa ocasión, en ellos los seis alumnos de tercero y cuarto medio amenazaban liceanas "como manada" y "después dejarlas botadas".

"Estoy indignada, me tocó leer varios de los pantallazos que hacían los alumnos y son asquerosos", dijo en ese minuto la alcaldesa Evelyn Matthei.

Pero la expulsión no aquietó las aguas en el Liceo José Victorino Lastarria, pues en una asamblea general los estudiantes aprobaron tomarse el colegio debido a que el miércoles fue reintegrado otro estudiante que también estaba bajo investigación y que tambipen había sido "funado".

"En este caso se activaron los protocolos, se realizó una investigación interna y al no existir pruebas contra él, se le permitió el regreso a clases presenciales. Es importante recalcar que este caso no tiene nada que ver con el caso "La Manada", informó el liceo.

De acuerdo a lo que informó el establecimiento, la decisión de los estudiantes es mantener ocupado el liceo al menos hasta el 27 de abril, cuando sostendrán una nueva asamblea.