Diego Gotelli C.

El Presidente Sebastián Piñera defendió ayer el estado de excepción que rige desde hace cuatro meses en cuatro provincias de la Macrozona Sur y consideró que sería "un error" acabar con su vigencia, algo que el gobierno entrante anunció que hará cuando lleguen a La Moneda.

"Desde que se estableció el estado de excepción, en la Región de La Araucanía los delitos violentos han caído cerca de 50% (...) En los tiempos que vive la Macrozona Sur, yo creo que es muy necesario que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con nuestras policías", dijo el Mandatario desde una actividad en el Biobío.

La medida fue prorrogada por novena vez la semana pasada, extendiendo su vigencia hasta el 11 de marzo, día en que asumirá la Presidencia Gabriel Boric. El Ministerio del Interior en ejercicio anticipó que analizarán a opción de solicitar una décima y última ampliación de 14 días antes del cambio de mando.

Desde el futuro gobierno, la próxima ministra de Interior, Izkia Siches, anunció el viernes que la no renovación del estado de excepción en la zona es una decisión ya tomada por el Presidente electo, y que esta semana liderarían conversaciones con autoridades locales para que el levantamiento sea con "todas las medidas que corresponden".

"Esperamos mantener el Estado de Derecho, la tranquilidad y no queremos más víctimas, pero también queremos presentarle al país una estrategia diferente, que nos permita lograr avanzar, porque con las medidas hasta ahora no hemos tenido los mejores resultados", dijo.

Ayer en Cautín, una de las provincias con presencia militar, la PDI informó de un ataque a un fundo de Nueva Imperial, donde ocho encapuchados habrían amenazado con armas a dos trabajadores. El subcomisario Víctor Hidalgo, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Temuco, detalló que en el ataque fueron incendiadas dos maquinarias y una camioneta, mientras que en otro sector del fundo los atacantes le habrían disparado a otros dos vehículos de trabajo.

Por segundo día consecutivo, el informe pandémico del Ministerio de Saluda reflejó un descenso en los casos más graves de contagios por covid-19.

De acuerdo al reporte, los infectados que estaban conectados a ventilación mecánica bajaron durante el fin de semanas de 914 el vienes a 909 el sábado y 885 ayer, rompiendo una tendencia al alza que se mantuvo durante un mes.

La última vez que dicho indicador había presentado un descenso fue el 28 de enero, cuando habían 308 contagiados ventilados.

En el total de infectados en unidades de cuidados intensivos también se vivió un descenso ayer, bajando de 1.106 a 1.071 los internados en UCI, el mayor descenso desde iniciado el rebrote causado por Ómicron.

Las caídas de hospitalizados se dan dos semanas después de registrarse el número más altos de contagios diarios de la ola, alcanzado el 11 de febrero, desfase esperado por los expertos para alcanzar el peak de casos graves y de fallecidos. Ayer en el país se registraron 130 muertes.

El reporte de este domingo notificó además 23.821 nuevos contagios, completando una baja semanal en las infecciones del 18%, con más de 38 mil casos menos que los siete días anteriores.

El ministro Enrique Paris dijo que pese al "importante descenso" que se ve en las cifras, se debe mantener el autocuidado pues "la pandemia no ha terminado".

En prisión preventiva quedó Pablo Solís, segundo imputado por el crimen del empresario Pedro Carrión, quien estuvo durante dos meses extraviado hasta el hallazgo de su cuerpo la semana pasada.

La confesión y testimonio de Solís fue clave para que la Fiscalía terminara de reconstruir lo ocurrido el 3 de enero, cuando la víctima salió desde su casa en Algarrobo a Recoleta a cobrar una deuda de cerca de $30 millones.

Según relató ayer el fiscal José Abarca, Solís habría llegado a encontrarse con la víctima oculto en una camioneta que conducía José Luis Yáñez, primer imputado por el crimen y quien está en prisión.

En el lugar habrían cortado la luz para desactivar las cámaras y al llegar la víctima lo atacaron con golpes en el rostro para luego asfixiarlo con una bolsa. Luego lo habrían llevado a una carnicería para desmembrarlo.

De acuerdo al testimonio de Solís, éste volvió al lugar el 5 de enero y recibió de Yáñez cajas de carne que le ordenó ocultar en una casa de Quintero propiedad de un familiar de los imputados. "Estas cajas contenían el cuerpo de la víctima", señaló el fiscal.

La parte persecutora insiste en que el motivo del crimen serían diferencias comerciales y afirman que hace un mes Yáñez había planificado matar a Carrión.

La defensora del imputado Solís pidió considerar la "irreprochable conducta anterior" de su defendido y el aporte que hizo a la investigación para enviarlo a arresto domiciliario, lo que fue desestimado por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago que determinó su prisión mientras dure la investigación.