A días de conocer el gabinete del presidente electo Gabriel Boric, existe la incertidumbre por las ayudas estatales que recibieron los ciudadanos durante la pandemia. El ingreso familiar de emergencia (IFE), que se dejó de pagar en diciembre, en algunos casos aumentaba el ingreso familiar en un 50%. Por lo mismo, en enero se ha visto una variación leve hacia el alza de morosidad, al no contar con estas ayudas de transferencias directas, ademas se suman los gastos propios del periodo estival y los gastos educacionales.

Se viene un escenario complejo en ayudas sociales para la nueva administración, ¿existirá el bono marzo? Ya lo señalan los expertos en endeudamiento: no se trata solo de ayudas, es también fundamental mejorar la educación financiera y que así las personas administren mejor sus deudas. Actualmente, gran porcentaje de los chilenos que se encuentran sobre endeudados. Quieren pedir más créditos y así poder pagar sus deudas anteriores, lo que implicaría endeudarse más y finalmente dejar de pagar. Con una educación financiera bien consolidada, se evitarían prácticas como estas. Estos meses serán de incertidumbre para las familias que cohabitamos nuestro país, y para el gobierno entrante el desafío en lo social es proyectar las ayudas desde marzo en adelante, donde aún seguimos y seguimos pagando los costos altísimos del Covid-19.

Hugo Covarrubias

Académico Trabajo Social UCEN

En este período de vacaciones, además de nuestro merecido tiempo de ocio, podríamos propender también a preocuparnos por aquellas cosas de las que habíamos hecho vista gorda y que recién ahora podemos contemplar con mayor profundidad y sentido de análisis. Los ya dos años de pandemia y el colapso del sistema sanitario obligaron a reorganizar la estructura de necesidades en las familias chilenas y la afectación de este sentido de urgencia provocó que algunas condiciones de salud quedaran en un segundo plano.

Esta redistribución de las necesidades no ocurrió solo a nivel familiar. La Organización Panamericana de Salud ya ha señalado que el limitado acceso a los servicios sanitarios y la reasignación de funciones del personal hospitalario mermó de manera importante la capacidad reactiva de las instituciones sanitarias. Esto terminó por restringir el diagnóstico y tratamiento de personas con una serie de patologías, entre las que destacan las enfermedades no transmisibles y las de salud mental.

A nivel nacional, la situación sanitaria actual es un tanto más auspiciosa de lo que era hace algún tiempo. Esto, a pesar de que las nuevas variantes de COVID-19 aún se encuentran activas y su comportamiento epidemiológico todavía sigue siendo bastante incierto. Hemos visto que la falta de socialización derivada del confinamiento ha afectado a la población infantil, de manera que ha abultado las consultas por dificultades en el desarrollo del lenguaje de niños que se encuentran en la etapa de "aprender a hablar" y que terminan haciéndolo con escaso éxito. O, por ejemplo, también se han disparado los casos de personas que, debido al uso constante de la mascarilla, sienten que deben forzar mucho su voz para hablar y desarrollan una disfonía que termina limitando su comunicación en la vida diaria. Por otra parte, varios pacientes que han estado intubados debido al COVID-19 han desarrollado problemas para tragar, lo que impacta muy negativamente en su capacidad de alimentación y calidad de vida.

Es bajo estas nuevas condiciones que el llamado es a recurrir a los servicios sanitarios para resolver aquellas situaciones de salud que habían sido postergadas, con el fin de retomar los tratamientos o consultas que habían sido pospuestas.

Jaime Crisosto Alarcón

Académico U. Andrés Bello

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