Constanza Espinoza Morales

A exactamente dos años del inicio del estallido social, en la región se registran 72 querellas por violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de manifestaciones sociales, con un total de 81 víctimas; de estas causas, sólo una de ellas ha avanzado hasta la etapa de formalización, así lo informó el director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Víctor Hugo Lagos en el marco del permanente rol observador en calles, unidades policiales y en centros de salud a la fecha.

Con respecto a esta realidad, el director regional del INDH señaló que existe un lento avance en las investigaciones por este tipo de casos, un panorama que la autoridad catalogó de desolador y por el cual desde el Instituto se levantó una advertencia hace más de un año.

"No hay condenas a nivel regional, de estas querellas sólo hay una formalización del pasado 15 de septiembre, que es una querella por violencia sexual que presentó el INDH a nivel regional y que afectó a profesionales de las comunicaciones", explicó Víctor Hugo Lagos, quien además destacó que entre las causas que todavía no avanzan, se encuentra el de una menor de edad que resultó herida en las inmediaciones del parque Vicuña Mackenna durante octubre del 2019, también en el contexto de las manifestaciones sociales.

Especialización en ddhh

En el marco del rol del INDH que se ha concretado en estas querellas, Víctor Hugo Lagos destacó que el Instituto en ese contexto ha presentado recomendaciones al Estado, entre las cuales se encuentra la necesidad de contar con policías y brigadas de investigación especializadas en materia de Derechos Humanos en regiones como colaboradores del Ministerio Público, fiscales con dedicación exclusiva en materia de violación a Derechos Humanos, así como también un programa de acompañamiento a víctimas.

Con una marcha pacífica desde Diego Portales con Santa María, hasta el Parque Vicuña Mackenna la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se sumó a las actividades por la conmemoración de los dos años del estallido social.

Según comentó la presidenta regional, Lory Escudero, "la CUT no pudo quedar ausente de este aniversario, pero quisimos hacerlo con respeto, los trabajadores quisieron participar de una marcha tranquila, porque necesitamos que el país esté en calma para poder concretar los cambios que se necesitan".

Agregó que las movilizaciones del 18 de octubre de 2019 dejaron en evidencia el descontento que existía en el país en todos los ámbitos, pero especialmente en educación, salud y trabajo. "Creemos que hoy no se ha avanzado mucho, si bien tenemos una Convención Constituyente que está trabajando, aún hay un montón de temas que siguen igual. Vemos las noticias a diario y podemos darnos cuenta que no han existido mayores cambios y es por eso que no quisimos estar ausentes", dijo.

Demandas regionales

Respecto a las demandas regionales del gremio, la dirigenta destacó el funcionamiento de los servicios públicos."Tenemos que ver que estén cumpliendo con lo establecido, ya que a veces se cometen faltas que dañan a los trabajadores". Además mencionó la importancia de que en Arica se impulse la inversión. "En ese sentido, es importante el apoyo de las autoridades y que estén en concordancia con las necesidades colectivas".

Escudero concluyó afirmando que "quisimos homenajear a quienes no están, a quienes fueron mutilados y a los detenidos, pero haciéndolo con respeto y en unión", concluyó la dirigenta.

"Los trabajadores quisieron participar de una marcha tranquila, porque necesitamos que el país esté en calma para poder concretar los cambios que se necesitan"

Lory Escudero, Pdta. regional CUT

Desde el 18 de octubre del 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, en pleno desarrollo del estallido social, la Defensoría Penal Pública (DPP) en la región registró un total de 68 detenciones por el delito de desórdenes públicos, de las cuales a la fecha ninguna se encuentra vigente.

Así, lo informó el jefe de Estudios de la Defensoría Penal Pública en la región, Francisco Concha, quien señaló además que durante el mismo período, tampoco registran causas por porte de molotov o artefacto incendiario.

"En su oportunidad, defendimos un par de causas por porte de bombas molotov durante ese período, pero las que asumimos sólo durante el control de detención, pero que después fueron asumidas por abogados particulares", señaló el defensor Francisco Concha.

Entre las labores efectuadas por la DPP en el contexto del estallido social y como plan de contingencia, los defensores iniciaron visitas a unidades policiales durante las noches, con el objetivo de que los detenidos pudieran ejercer sus derechos de defensa, acciones que hasta la fecha continúan efectuando desde la DPP.

"La idea de ir a Comisarías es justamente poder realizar un control del trabajo de Carabineros por eventuales vulneraciones del derecho como imputados", informó el jefe de Estudios de la DPP, quien agregó además que "así, nosotros podemos hacer valer sus derechos en ese momento, explicarle a las personas el proceso para que estén tranquilos y si es que van a pasar a control al día siguiente" .