Leo Riquelme

Una hora más tarde de lo previsto y tras discutirlo temprano con el comité político de La Moneda, el Presidente Piñera salió ayer a responder la denuncia difundida por un consorcio internacional de periodistas de investigación, que informó el domingo que el Presidente Sebastián Piñera vendió a su amigo Carlos Alberto Délano en 2010 su participación en la Minera Dominga, lo hizo a través de paraísos fiscales y el negocio incluyó una cláusula con pagos ante eventuales trabas ambientales.

El mandatario argumentó que en 2009 se desligó de la administración de sus negocios, los que puso a cargo de fideicomisos ciegos, algo que, dijo, también hicieron su esposa Cecilia Morel y sus hijos.

"La decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga el año 2010, lo cual no me fue consultados ni informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. El no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés", declaró en La Moneda.

La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que en Chile tuvo la participación de Ciper y LaBot, informó que parte del proyecto minero portuario (138 millones de dólares) se vendió al amigo de Piñera, Carlos Délano, en Islas Vírgenes Británicas. Délano era uno de los dueños del grupo Penta que en 2018 fueron condenados por delitos tributarios relacionados con financiamiento de la política, incluyendo pagos bimensuales al exsubsecretario de Minería del primer gobierno de Piñera, Pablo Wagner.

El pago por Dominga debía producirse en tres cuotas, pero la última (por 9,9 millones de dólares) estaba condicionada a que el sitio de emplazamiento no se declarara zona de protección ambiental, lo que finalmente se cumplió, según la investigación.

Piñera aseguró que él en su primer gobierno no hizo ninguna gestión para impedir la protección y sostuvo que toda la información proporcionada por el consorcio periodístico era sabida en 2017, cuando el Ministerio Público sobreseyó el caso.

Efectivamente, esto fue difundido por radio Bío-Bío en agosto de 2017, época en que el fiscal Manuel Guerra determinó que no había elementos constitutivos de delito. Para el mandatario, resulta "absolutamente inaceptable" que se entregue información ya indagada penalmente.

Al mediodía, Ciper corrigió su texto y corroboró que el antecedente ya había sido difundido e indagado.

"Jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común por sobre cualquier otro interés, y de hecho, el hecho de ser Presidente me ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios (...)", dijo Piñera.

El Presidente agregó que el negocio no tiene relación con sus decisiones de cerrarle el paso al proyecto termoeléctrico Barrancones (que al igual que Dominga se instalaría en la Región de Coquimbo); no haber firmado aún el decreto que brindaría protección ambiental a la zona donde justamente se emplazaría la inicia minera; y no haber suscrito el Tratado ambiental de Escazú.

"Hay que compatibilizar la protección de la naturaleza con también permitir un desarrollo sustentable", afirmó.

Investigaciones

La denuncia remeció a la clase política. Tras la declaración presidencial, el diputado RN Andrés Celis dijo que él esperaba que Piñera anunciara la suspensión de cualquier trámite durante su Gobierno que se relacionara con la minera.

Para él, resulta "imperativo" que se forme una comisión investigadora parlamentaria; que el Servicio de Impuestos Internos (SII) indague las eventuales aristas tributarias; y que el fiscal nacional Jorge Abbott abra una pesquisa al respecto.

Sobre esto último, La Tercera aseguró en la tarde de ayer que Abbott instruyó a su unidad anticorrupción que revise los antecedentes. Esto, porque los querellantes de 2017 aseguran que el fiscal Manuel Guerra en esa oportunidad no realizó pesquisas relevantes para esclarecer lo relacionado con la cláusula que ligaba el pago de una cuota por la venta a que no se impusieran áreas de protección ambiental.

Marcelo Díaz coincidió en que "lo mínimo" que debería efectuar La Moneda es suspender la tramitación de Dominga, cuyas autorizaciones aún se ventilan en instancias judiciales y administrativas. "¿En serio el Presidente Piñera espera que creamos que no se enteró de un negocio por 152 millones de dólares con su amigo íntimo 'Choclo' Délano?", se preguntó, algo en que concordó el senador RN Manuel José Ossandón."Cómo le vamos a pedir a la gente que confíe si esto tiene ojos de gato, pelos de gato, cola de gato, pero no es gato... y yo tampoco quiero que sea un gato, pero la gente tiene derecho a desconfiar en una cosa tan grave como esta", dijo en radio Cooperativa.

El diputado ambientalista Félix González y Pamela Jiles anunciaron que buscarán las firmas para acusar constitucionalmente a Sebastián Piñera, lo que el PS y presidente de la comisión de Constitución, Marcos Ilabaca, ve como improbable de que prospere, pues los hechos ocurrieron en 2010 y la Cámara puede abrir este tipo de libelos hasta seis meses concluido su mandato, lo que ocurrió en 2014.

"Los diputados tenemos herramientas que debemos utilizar de forma responsable", demandó el UDI Guillermo Ramírez.