Diego Gotelli C.

Una querella, una auditoría externa y apartar de funciones a tres altos cargos municipales son parte de las primeras medidas aplicadas por el municipio de Vitacura ante la denuncia de presuntas irregularidades cometidas en la administración anterior, liderada por Raúl Torrealba (RN).

Las acciones fueron dadas a conocer ayer en el concejo municipal por la alcaldesa Camila Merino (Evópoli), quien hace dos semanas reveló las acusaciones que involucrarían a los programas "Vita" ejecutados por entidades privadas que reciben subvenciones con fondos públicos.

Merino informó que como parte del sumario interno se decidió suspender preventivamente al director de Administración y Finanzas, José Bucarey; al director de Control, Sergio Beaumont; y a la subdirectora de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín, para "asegurar el resultado de la investigación".

Como parte de la causa judicial que en paralelo lleva adelante la Fiscalía, Larraín declaró que debía entregar sobres con $5 millones mensuales al exalcalde emanados por personeros de los programas Vita, además de cerca de $1 millón que cada año sobraba de los gastos municipales de Fiestas Patrias.

Con estos antecedentes la actual administración presentó esta semana una querella por el eventual perjuicio al patrimonio municipal detallando la forma en que parte de las subvenciones habrían sido utilizadas en "beneficio personal de uno o más funcionarios municipales", según reza la acusación citada por La Tercera. El Ministerio Público decretó secreta la causa.

En paralelo, el municipio se encuentra licitando una auditoría de los últimos cinco años de gestión, y los concejales acordaron frenar la entrega de recursos a dos de las entidades cuestionadas. Parte de sus programas serían asumidos directamente por el municipio. "Sé que es un momento duro, pero estoy convencida de que vamos a salir fortalecidos", dijo Merino.

Los ediles respaldaron las medidas pero evitaron apuntar a responsables pidiendo esperar la indagatoria judicial. "Este no es el momento de culpar a nadie", dijo el concejal de RN Felipe Irarrázaval.

La oposición impuso su mayoría y por siete votos contra seis la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó ayer en general un cuarto retiro de fondos de la AFP, que ahora deberá discutirse en particular antes de pasar a sala.

En el debate el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y el presidente del Banco Central, Mario Marcel, coincidieron en el impacto que tendría la medida en la inflación, dado que significaría inyectar hasta US$20 mil millones a una economía recalentada.

Marcel recordó que para este año proyectan un alza en el costo de la vida récord de 5,7% y agregó que el consumo de bienes durables hoy es 50% superior al que se registraba en septiembre de 2019.

"Es cierto que siguen habiendo personas con problemas (...) pero las personas que pueden retirar fondos no son las que están en ollas comunes", advirtió, apuntando que esto beneficiaría a entre 6 y 7 millones de chilenos de altos ingresos.

El diputado independiente Raúl Soto acusó a los economistas de propiciar "una campaña del terror" y llamó a reconocer que los tres retiros anteriores han ayudado a la reactivación.

El también independiente René Saffirio añadió que el debate le parecía "insólito: le estamos diciendo a alguien que retire 600 mil pesos que está poniendo en peligro el sistema económico chileno".

Dieciocho personas que habían resultado electas como convencionales constituyentes oficializaron ayer su salida de la Lista del Pueblo, dejando sólo a una persona dentro de esta agrupación que se impulsó para favorecer la participación extrapartidos en la redacción de la nueva Constitución, pero que luego intentó llevar candidatos a las parlamentarias y a la presidencial.

Marco Arellano, Francisca Arauna, Francisco Caamaño, Ivanna Olivares, Lissete Vergara, Ingrid Villena, Dayyana González, Camila Zárate, Natalia Henríquez, César, Uribe, Elsa Labraña, Manuel Woldarsky, Daniel Bravo, Loreto Vallejos, Fernando Salinas, Tania Madriaga y Rodrigo Rojas anunciaron la creación de un grupo llamado Pueblo Constituyente, que se comprometió respetar la independencia de sus integrantes y a promover "las demandas sociales y populares de las comunidades y los territorios (...) recogidas por la revuelta popular (de octubre de 2019)", según indicaron en un comunicado.

Más tarde, la convencional Alejandra Pérez también comunicó su decisión de dejar dicho pacto, que con ello tendrá en la constituyente sólo a Cristóbal Andrade, pues hace unos días Giovanna Grandón había congelado su participación.

Uno de los voceros de la nueva agrupación, Francisco Caamaño, comentó que la Lista del Pueblo fue una vía para desbordar la convención constitucional". Agregó que "tuvo una enorme relevancia y cumplió su objetivo hasta el día de las elecciones de mayo de 2021".

"Es una decisión que me costó mucho tomar", añadió Rodrigo Rojas, quien agregó que, no obstante, "la lucha social no se acaba con un logo ni con un nombre".