Bibiana Mamani H.

Este lunes inicia el retorno a clases presenciales para dar el vamos al segundo semestre. En este contexto, la Superintendencia de Educación realiza un programa de medidas de higiene anti Covid-19 en todas las regiones del país, para fiscalizar que los establecimientos cumplan con las medidas de seguridad establecidas por la autoridad sanitaria y educacional. Entre ellos, contar con los protocolos de actuación para enfrentar el retorno presencial a clases en el contexto Covid-19 y que se encuentren a disposición de la comunidad educativa.

"Si un padre, madre o apoderado siente que el establecimiento no está implementando las medidas de seguridad e higiene, o no abra sus puertas para el regreso a clases presenciales, haga la denuncia ante la Superintendencia de Educación en la página web www.supereduc.cl", dijo el director regional, Álvaro Arriagada.

A nivel local, ya hay 4 denuncias.

Inversión

En términos de inversión para implementar los protocolos y medidas sanitarias, la Seremi de Educación informó que en Arica y Parinacota está disponible más de 384 millones de pesos para establecimientos que reciben aportes del Estado. Los que se podrán destinar a la compra de insumos, accesorios o implementos para alumnos, cuerpo docente y administrativos, a fin de cumplir con los protocolos sanitarios para la reanudación de clases presenciales, previa postulación que ya está disponible en https://tramites.mineduc.cl/.

"Estos recursos -que se suman al importante incremento en los fondos de infraestructura, el plan Yo Confío en mi Escuela y la flexibilización de la SEP, están dirigidos a la adquisición de insumos, accesorios o implementos de protección sanitaria determinados en los protocolos sanitarios elaborados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para la reanudación de clases presenciales", detalló Pía Urrutia, seremi de Educación.

Frente a este escenario, y la realidad de los establecimientos públicos para el retorno a clases, se consultó al Servicio Local de Educación Pública Chinchorro (SLEP), que hasta el cierre de esta edición no entregó información al respecto.

Por otro lado, los que si manifestarán su posición frente a este retorno, son los dirigentes del Centro de Padres y Apoderados de Arica, quienes realizarán un punto de prensa hoy a las 11.30 horasa las afueras del SLEP.

4 son los establecimientos que ya tienen una denuncia por no implementar medidas o por no abrir sus puertas.

El próximo 28 de julio asumirá el presidente electo del Perú, Pedro Castillo, quien durante su candidatura anunció en reiteradas ocasiones que una vez al llegar a la Presidencia emitiría un decreto supremo para expulsar a los extranjeros en situación irregular de ese país.

De ser así, se estima que afectará a parte de los 1,2 millones de venezolanos residentes en el vecino país, quienes tendrían que dejar el territorio.

La posibilidad de que un grupo de estos extranjeros busque ingresar a Chile por la frontera terrestre ha capturado la atención del gobernador regional Jorge Díaz Ibarra.

Por eso, dijo que solicitará a la Delegación Presidencial Regional ser partícipe de la estrategia con que el gobierno central se prepara para enfrentar un eventual éxodo desde el Perú. "Vamos a oficiar al delegado presidencial para pedirle que nos convoque a esta mesa de análisis de resguardo de fronteras", precisó el jefe regional.

Díaz piensa que la región no está en condiciones de absorber una eventual oleada de migrantes, como ocurriera en Colchane o como también se vivió en Arica hace un par de años. "En las calles existen muchos inmigrantes que se encuentran deambulando y Arica no resistiría, desde el espacio de salud pública y los espacios educativos y otros, recibir a una gran cantidad de personas que ingresen por pasos irregulares", manifestó.

Si bien la frontera terrestre entre Chile y Perú se encuentra cerrada hace más de un año para el tránsito regular de personas producto de la pandemia, se mantienen los cruces irregulares por la zona costera y el altiplano.

Estas zonas requieren un resguardo permanente de las Fuerzas Armadas y las policías.