Diego Gotelli C.

Tras dos días de polémicas, anoche salió humo blanco en el exCongreso y se acordó que hoy la Convención Constitucional pueda sesionar por primera vez, luego que se corrigieran las falencias técnicas.

La cita inicialmente convocada para el lunes no se pudo realizar por intermitencias en el internet, según confirmó el Gobierno, lo que imposibilitó sesionar remótamente ante la restricción de juntar a los 155 miembros en un mismo espacio. Una falencia que ayer pasado las 18:00 se solucionó.

Pero el periplo no fue fácil. Temprano la presidenta Elisa Loncon y su vicepresidente, Jaime Bassa, llegaron a la sede para inspeccionar los ajustes, acusando que eran nulos. "Todavía no se instala nada. No tenemos computadores", dijo la líder mapuche. "Es responsabilidad del Gobierno", añadió el abogado quien acusó "obstruccionismo".

Disconformes, la mesa aceptó un ofrecimiento de las universidades públicas que dispusieron sus sedes a la convención y anunciaron que si los problemas no se arreglaban, hoy sesionarían en la casa central de la U. de Chile.

Sin embargo, una comitiva de La Moneda llegó a inspeccionar el exCongreso y por la tarde se anunció que estaba apto para recibir audiencias.

"Están las condiciones dadas para que la convención comience a sesionar", dijo el subsecretario Segpres, Máximo Pavez, lo que respaldó un chequeo de expertos de la U. de Chile. La mesa directiva al cierre de esta edición no había ratificado la sede, pero confirmó que sesionarán. Hoy se esperaba que analizaran la creación de tres comisiones y mañana discutirían una eventual declaración por los detenidos en el estallido social.

Pavez evitó aclarar si mantendrán como secretario ejecutivo de la Convención a Francisco Encina, apuntado por convencionales como responsable del fallo. Él puso su cargo a disposición pero anoche dijo que seguía en el puesto "hasta el momento".

Además se anunció medidas sanitarias. La mesa acordó con el ministro de Salud, Enrique Paris, colocar sensores para medir temperatura en accesos, dispensadores de alcohol gel y testear a los miembros que no lo han hecho. En paralelo se solicitó al Colegio Médico y otros expertos un protocolo anticovid.

En una votación dividida, la comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto de ley de matrimonio igualitario, dejándolo listo par su discusión en sala, tras cinco años de tramitación en particular.

La instancia visó por estrecho margen las materias de su competencia del proyecto, que incluyen aumentar recursos destinados al Registro Civil y nuevas prestaciones sociales y familiares que involucra la iniciativa.

A favor votaron Ricardo Lagos Weber (PPD), Isabel Allende (PS) y Ximena Rincón (DC). Se opusieron Juan Antonio Coloma y (UDI) y José García-Ruminot (RN).

"Comenzamos a terminar con una discriminación injustificada", destacó la senadora Rincón, quien preside la comisión.

En la jornada también se despachó a sala de la Cámara Alta el proyecto que busca reponer el voto obligatorio en el país, iniciativa que también fue aprobada en estrecha votación con apoyo de la oposición y el rechazo oficialista.

En sala la reforma requerirá el resplado de dos tercios de los senadores, un total de 26 sufragios, para seguir su avance legislativo.

En la otra cámara, de diputados, ayer se aprobó la imprescriptibilidad de delitos sexuales para cualquier edad. La iniciativa tuvo 132 apoyos, 7 abstenciones y ningún rechazo. Vuelve a comisión.

Tal como el año pasado, la Agencia de Calidad de la Educación determinó suspender la prueba Simce 2021 aludiendo al contexto pandémico. En un comunicado el servicio dependiente del Ministerio de Educación explicó que esta evaluación del tipo censal requiere que todos los estudiantes la rindan en las mismas condiciones y que cuente con una alta participación a fin de mantener sus estándares y ser útil para medir el sistema educativo. "El Simce en este contexto no es la herramienta técnicamente más adecuada", dijeron. En su reemplazo se anunció una nueva versión del test voluntario de aprendizaje que ya se ha aplicado tres veces en pandemia y un diagnóstico socioemocional. Desde el Colegio de Profesores lo valoraron dado que "no están las condiciones", pero señalaron que se debe oficializar con una ley.