Diego Gotelli C.

En una audiencia atípicamente breve, el Juzgado de Garantía de Linares dejó en prisión preventiva a dos hombres sospechosos de violar y matar a un niño de 12 años el jueves.

Contrario a los juicios de días completos en casos similares, la formalización de ayer duró cerca de una hora, influido por la decisión de la defensa de no oponerse a la cautelar solicitada por la Fiscalía.

La investigación apunta a que Rubén Soto y Gerald Reppeto interceptaron a la víctima, Emilio, cuando paseaba sus perros en las orillas del río Liguay, en Longaví. Ambos lo habrían agredido sexualmente para luego acuchillarlo varias veces. Su cuerpo fue hallado en el lugar.

Clave en su detención fue el testimonio de tres niños, de 12 a 16 años, quienes minutos antes también fueron abordados. Según declararon, los hombres los invitaron a fumar e intentaron entablarles conversación, pero huyeron reconociendo sentir temor.

Con su descripción uno de los familiares de los niños reconoció a los sujetos, identificación que la Fiscalía confirmó al hablar con la madre de uno de los imputados. Ella afirmó que los sospechosos son pareja, que se ausentaron a la hora del crimen, que dieron una coartada -ya desacreditada, y que andaban con un perro con ropa rosada que también vieron los niños.

Tras su detención habrían confesado, pero sus dichos no se emitieron en la audiencia "por la crudeza de los hechos y lenguaje", argumentó la Fiscalía. Luego detallaron que uno dijo que sus intenciones en ese momento eran "violar a un niño".

Uno de los imputados, Rubén Soto, en marzo del 2020 había sido condenado por violar a otro menor de 14 años, quedando bajo régimen semi-cerrado y con posterior libertad asistida aún vigente.

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, dijo que el crimen fue "la manifestación más explícita de la maldad" pues lo dejaron morir por desangramiento, alargando su agonía. Añadió que los otros niños "probablemente" acabarían igual si no huían.

La jueza Paula Sánchez ordenó la prisión por ser "un peligro para la sociedad" debido al "horroroso" crimen.

La audiencia se hizo mientras se realizaba el multitudinario funeral de la víctima, cuya familia exigió justicia.

Con un seguimiento hasta Quilicura la PDI logró la detención de un hombre acusado de matar a dos personas en un campamento de Maipú.

El crimen ocurrió en la madrugada del sábado, en la entrada de un prostíbulo que el detenido abrió en un campamento ubicado en Camino a Melipilla con avenida Pajaritos, habitado mayoritariamente por migrantes.

Según la investigación, el sujeto, haitiano y con residencia definitiva, intercedió en una discusión que mantenía un connacional suyo con una de las mujeres del club. "Este imputado como dueño del local junto con otros sujetos intervienen y se produce una pelea que se desarrolla por largos minutos al interior del prostíbulo y que luego continúa en la calle", narró el comisario Orlando Calderón, de la Brigada de Homicidios.

En el exterior, y al verse superado, el dueño del local habría sacado un arma y disparado reiteradamente contra su oponente de 30 años, y el sobrino de éste, de 23 años, quien salió en su defensa. Ambos murieron en el lugar. Un tercer acompañante de la víctima quedó herido.

Tras el crimen el sospechoso huyó. Para dar con él detectives siguieron a sujetos interesados en comprarle un auto al acusado, quien estaría falto de dinero. Así fue como llegaron a Quilicura, donde se realizaría la transacción. En un operativo se concretó su detención en la vía pública.

Con cargos por cuasidelito de homicidio y por no prestar ayuda a la víctima fue formalizado ayer una persona sindicada como el conductor que en la tarde del sábado atropelló y dio muerte a un niño de 12 años en Peñalolén.

El hecho ocurrió en avenida Los Presidentes, donde el menor paseaba a su perro en compañía de una amiga. En el trayecto el niño intentó cruzar la calle, momento en que fue arrollado por un auto rojo, el cual no detuvo su marcha tras el impacto y huyó del lugar.

Todo quedó grabado por cámaras de seguridad, material que junto a las pericias del lugar le permitieron a la Fiscalía y Carabineros dar con el paradero del sospechoso, quien fue arrestado el lunes y formalizado ayer. El Tribunal de Garantía decretó su prisión preventiva mientras dure la investigación.

El fiscal Ernesto Navarro detalló que al invocar la Ley Emilia, bajo los cargos de darse a la fuga se contempla una "penalidad alta", arriesgándose el imputado a una pena de tres años y un día hasta cinco años sólo por este delito, debiendo un tramo de esta pena ser cumplida en prisión.

En la víspera los padres del menor pidieron justicia y criticaron la "falta de humanidad" del conductor que no se detuvo a auxiliarlo.