Constanza Espinoza Morales

En la ciudad de Arica se encontraba un hombre de nacionalidad colombiana, quien mantenía una orden de detención vigente emanada de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia por los delitos de secuestro extorsivo agravado y secuestro agravado simple, en el marco de un proceso de extradición solicitado por la justicia de ese país. La detención del sujeto fue efectuada por detectives de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol de Chile.

De acuerdo a lo informado, a través de una investigación en Colombia, se logró establecer que el individuo era responsable del secuestro que afectó a una pareja colombiana el 4 de febrero de 2013, ocasión en donde secuestraron y extorsionaron a las víctimas, a quienes les exigieron dinero en efectivo y además el traspaso de un vehículo.

Llevaba años en chile

Tras perpetrar estos hechos, el hombre huyó de su país e ingresó a Chile sin ningún inconveniente, ya que la orden de captura emitida por las autoridades de Cali-Colombia se registró el año 2017.

En ese contexto y de acuerdo a antecedentes entregados por la PDI, el hombre residía en Chile desde el año 2014 y mantenía permanencia definitiva en el país.

Así, una vez en territorio nacional, se estableció en la zona centro del país, específicamente, en la ciudad de Temuco, para luego trasladarse hasta Arica con su pareja, donde cambiaba constantemente de domicilio, con el propósito de evadir el accionar policial.

Ex policía en colombia

De acuerdo a lo señalado por la PDI, el detenido trabajó durante 24 años en la Policía Nacional de Colombia, sin embargo, se retiró de la fuerza policial el año 2000, por lo que los hechos ocurridos en 2013, por los cuales se le investiga, no ocurrieron en el ejercicio de sus funciones policiales.

La pena que estableció la justicia de su país por el delito cometido es de 248 meses, por lo que ahora deberá enfrentar un proceso en este país antes de ser extraditado a Colombia.

La Corte de Apelaciones de Arica acogió este viernes el recurso de amparo presentado por la defensa en contra de la dirección regional de Gendarmería, y le ordenó a la institución penal prescindir del uso de grilletes con un interno que se encuentra en el hospital regional con Covid-19.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Pablo Zavala, Mauricio Silva y José Delgado, acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar ilegal de la recurrida al mantener engrillado al amparado mientras permaneció conectado a ventilación mecánica, ordenándole que, en lo sucesivo, evite todo trato cruel, inhumano y degradante.

Al respecto, el jefe de Estudios regional de la Defensoría Penal Pública (DPP), Francisco Concha, manifestó que "no logramos entender cómo es posible que una persona que está grave, sedada constantemente e intubada, tenga que permanecer engrillada a su cama. Esto es una vulneración clara de sus derechos y como defensa no podíamos quedarnos sin hacer nada".

Según informó la DPP, es la segunda vez que la defensa presenta un recurso de este tipo, logrando en este caso demostrar que la situación existía y que una persona que estaba grave, en intubación y sedación continua, estaba engrillado a su cama, aún cuando era imposible el peligro de fuga.

Por ello, "SE ACOGE el recurso de amparo deducido por Francisco Concha García, en favor de C. M. V, en contra del Director Regional de Gendarmería de Chile. En consecuencia, se ordena al Servicio recurrido disponer que la custodia del amparado y las medidas de seguridad que se adopten por Gendarmería durante su permanencia en el recinto asistencial de salud, se efectúen prescindiendo del empleo de grilletes y elementos similares que estén siendo utilizados por Gendarmería de Chile, sin adecuación estricta a las Reglas de Mandela, evitando todo trato cruel, inhumano y degradante", señala el fallo.