Reforma a las pensiones
Son ampliamente conocidas las falencias y precariedades de nuestro actual sistema de pensiones, de tal manera que, en forma unánime, todos los actores sociales y económicos piden un cambio en el actual sistema de AFP. Estos cambios van desde refundar el sistema, como lo propone el movimiento "No+AFP", hasta implementar mejoras al sistema actual, como lo acaba de proponer el gobierno.
En función de esto, el objetivo es reflexionar acerca de la iniciativa de reforma al sistema de pensiones recientemente dada a conocer por el gobierno del presidente Piñera.
En primer lugar, hay que conocer que esta reforma no es nueva y que sustancialmente es similar a la que ya se tramita en el congreso, sin embargo, tiene novedades importantes.
Desde el punto de vista conceptual, la reforma se basa en dos grandes pilares: mejorar las pensiones y mejorar el funcionamiento del sistema de pensiones. Nos centraremos en el primer eje de la reforma. Entre las medidas anunciadas está el aumento de la cotización del actual 10% a un 16%, siendo que el promedio de cotización en la OCDE es de un 18%, estando aún en discusión el destino de esa cotización adicional, la existencia de mínimos garantizados, tal que ninguna pensión debe ser inferior al sueldo mínimo si se han cotizado a lo menos 30 años o que ninguna pensión sea inferior al límite de la pobreza.
Sin embargo, el tema más relevante es la ampliación del Pilar Solidario, vale decir, el aporte que hace el Estado a las pensiones más bajas, pasando de una cobertura del 60% de la población más vulnerable al 80% del mismo grupo.
Este cambio es crucial, dado que, con esto, el pilar solidario consideraría a la clase media, la que históricamente ha tenido que autofinanciar sus pensiones, sin mayor ayuda estatal.
Si bien es un avance, las pensiones garantizadas por el pilar solidario no tienen una cuantía que permita vivir tranquilamente a un adulto mayor, sin embargo, desde mi punto de vista, es una gran mejora en el sistema, sin perjuicio que sea necesario aún hacer cambios más profundos aún.
La gran incógnita es cómo se financiará esta idea, dado que, según fuentes oficiales, en régimen, el costo que tendrá que asumir el Estado es de alrededor de 4.500 millones de dólares y en el primer año de funcionamiento 650 millones de dólares.
El actual gobierno ha hablado de ciertas holguras fiscales y recursos que provienen de la buena racha del cobre, sin embargo, esta reforma implica un gasto permanente que debe tener asociado un financiamiento permanente.
En ese sentido, se ha hablado de ajustar algunas exenciones tributarias, como el impuesto a los combustibles o las rentas presuntas, no obstante, no hay que perder de vista las presiones sociales que estas medidas pueden generar e incluso las alzas de precios que podrían provocar en algunos productos, situación perjudicial para el ciudadano común.
José Navarrete Oyarce
Director Ingeniería en Administración de Empresas
Universidad Andrés Bello