CORE revisará petición hecha a funcionarios para devolver cajas
Gobierno Regional envió un escrito a un grupo identificado, a quienes distribuyó este apoyo, para que reintengren su valor o justifiquen por qué lo recibieron.
Redacción - La Estrella
La Contraloría Regional de Arica y Parinacota identificó, en un "Preinforme de Observaciones", que un número determinado de funcionarios públicos recibió el año 2020 canastas familiares del "Programa Alimentos para Chile", iniciativa que llevó a cabo la Intendencia Regional de Arica y Parinacota, con la finalidad de entregar ayuda a las familias afectadas económicamente por la pandemia de covid-19.
Como consecuencia de este Preinforme de Contraloría, el Intendente de Arica y Parinacota, Roberto Erpel Seguel, envió en febrero de 2021 un escrito a cada uno de estos funcionarios para que pudiesen justificar la razón de haber recibido tal beneficio o, de lo contrario, hacer devolución de su valor a las arcas fiscales.
Lo anterior, provocó la sorpresa de numerosos funcionarios públicos, quienes sin pedir la ayuda, la aceptaron, y en muchos casos la obsequiaron a personas vulnerables.
Esta solicitud de devolución, hizo que muchos se comunicaran con consejeros regionales, entre ellos Gary Tapia, para dar a conocer esta situación, por lo que el ente colegiado decidió constituir un ente fiscalizador para analizar este proceso, que a decir de los funcionarios públicos, los perjudica.
Analizarán bien el tema
"A mí me parece impresentable... o sea fuimos a ayudar a la gente y ahora la Intendencia les manda una carta, amenazándolos de que deben devolver la caja, y si no, justificar que estaban en situación de vulnerabilidad. Entonces ¿no pueden hacer una autocrítica de que entregaron cajas sin tener idea a quienes se les entregaba? Lo que conlleva a aseverar que el desorden fue tan grande (…), y la prueba es que nunca nos llegó la información de los listados de quienes eran los beneficiados (…), y es por ese desorden de quienes tuvieron a cargo este proceso" subrayó el consejero Gary Tapia.
Por su parte la consejera Ximena Valcarce afirmó que "esos dineros para su adquisición salieron de nosotros, por lo que tenemos la obligatoriedad y responsabilidad ética y moral de fiscalizar esto (…), y es bueno aclararlo y meternos en esta situación, porque lo que está pasando con ese oficio, es el claro reflejo de que nunca se supo a quienes se les entregaron estas cajas. Y en las poblaciones sigue siendo tema pese a que ha pasado un año (…), por lo que estimo que debiéramos volver a tener una comisión fiscalizadora".
"Hablar de este tema, es volver a recordar las comisiones que hicimos, en medio de un escándalo, en que fuimos un ejemplo nacional de la mala distribución. Y creo que el tema debemos hacerlo y es legítimo, y dentro de nuestras atribuciones debemos tomar las acciones ante una situación que ya fue dolorosa en sus inicios", resaltó Zenón Alarcón, presidente del Consejo regional.