El 11 de abril se acerca a pasos agigantados. En Arica son decenas los candidatos y candidatas que buscan un cargo de representación popular en los próximos comicios. Muchos de quienes asumimos este desafío inscribimos nuestras candidaturas a través de la recolección de firmas. Una realidad muy distinta y alejada del contacto con los electores de quienes obtuvieron un cupo dentro de un conglomerado político y que aseguraron sus aspiraciones a través de la estructura partidaria.
Si bien es cierto la ley es clara respecto a cuándo se debe presentar la renuncia para postular a cargos de representación popular y quiénes deben hacerlo; toda persona que actualmente está en el ejercicio de un cargo y que se reconoció públicamente como candidato debería renunciar, por una cuestión de ética y respeto a sus electores.
No podemos olvidarnos que van a seguir recibiendo su sueldo, con cargo al bolsillo de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región, durante todo el tiempo que dure su campaña oficial. Por tanto, es urgente que definan si serán autoridades regionales o candidatos.
Esta decisión debe oficializarse de cara a la ciudadanía, más aún cuando ya están desarrollando abiertamente acciones de campaña desde la tribuna que les ofrece su figuración pública, y sobre todo después de conocerse la resolución oficial del Servicio Electoral con el detalle de todas las candidaturas aceptadas y rechazadas.
No será difícil para nadie revisar quienes se encuentran en esta dicotomía de "personeros-candidatos": Van desde representantes gremiales y de consejos ciudadanos, hasta funcionarios de la administración pública, actuales concejales y el mismo alcalde en ejercicio.
A partir del 18 de octubre con el estallido social, y luego con los múltiples desafíos que nos trajo la Pandemia en todos los ámbitos de la vida, las personas hemos modificado radicalmente nuestra forma de pensar y entender la política. Por ello, terminar con esta manoseada dicotomía de "autoridad y candidato" es justo y necesario. Que algo sea legal no significa que sea legítimo. El respeto por la ciudadanía debe ser una condición sine qua non en el nuevo Chile que queremos.
Ricardo Sanzana Oteíza
abogado
