Constanza Espinoza Morales

Un pacífico proceso se vivió durante la jornada de ayer en el sector de Cerro Chuño, cuando continuaba en marcha el plan piloto que empezó con la salida voluntaria de familias del sector, y que continúa con la demolición de 38 viviendas, trabajos que continúan en desarrollo.

El seremi de Gobierno, Víctor Hugo Sepúlveda, señaló que es un proceso que se inició el día jueves de la semana pasada, y que se vio graficado con la salida voluntaria y deshabilitación de aproximadamente 11 viviendas hasta la tarde de ayer, siendo un total de 18 las que debían quedar deshabilitadas durante este miércoles.

"Las personas que salieron de manera voluntaria no tienen dignidad para vivir en Cerro Chuño (...)Estamos trabajando en concordancia con todos los servicios públicos involucrados en esta situación. El Instituto Nacional de Derechos Humanos está haciendo un seguimiento a cada una de las personas que están saliendo voluntariamente, para velar que todos los derechos y deberes de las personas estén reconocidos", manifestó el seremi de Gobierno.

Un techo

Con respecto a la situación habitacional de las pesonas que desalojaron el sector, el seremi de Gobierno Víctor Hugo Sepúlveda afirmó que han trabajado para asegurar el resguardo de las personas para que estas tengan un techo y no se encuentren en situación de calle.

"El Miniterio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) también está trabajando por entregar algunas soluciones de subisidios de arriendo para aquellas personas que puedan optar a ese beneficio, y que otras personas que se encuentren con niños o adultos mayores también puedan tener el apoyo de la Seremi de Desarrollo Social con su albergue de Emaús, así como también las residencias sanitarias que tenemos adecuadas para poder soportar un número mínimo de personas que carezcan de posibilidad de arriendo, pero a través de esa figura van a tener asegurada el poder pasar una semana o más en un lugar que les permita vivir dignamente de momento, y por supuesto que seguimos trabajando con los servicios públicos para poder acompañar a todas las personas en estos momentos", explicó el seremi Víctor Hugo Sepúlveda.

Por ley

Finalmente, el seremi de Gobierno fue enfático en señalar que es la Ley de Polimetales la que dice que las personas deben desalojar el sector; esto, debido a un tema sanitario.

"Lamentablemente no se han utilizado los mecanismos adecuados para hacer frente a una situación tan compleja como la que vemos en Cerro Chuño, y que tenemos que hacerle frente. La gran mayoría de la ciudadanía ariqueña nos pide eso, y es lo que estamos haciendo. Hemos garantizado que cada una de las personas que salen voluntariamente de Cerro Chuño, tengan las máximas garantías", manifestó el seremi de Gobierno.

Un amplio contingente policial concurrió hasta Cerro Chuño, incluyendo a personal de la Policía de Investigaciones, así como también Carabineros de la Tercera Comisaría, Siat, y Control de Orden Público (COP), los que resguardaron el lugar mientras se llevaban a cabo los trabajos.

"La función principal de Carabineros en este proceso de desalojo, es poder contener y dar seguridad; primero que todo a los vecinos, y poder cooperar en las acciones que puedan llevar a cabo personal del Serviu y los diferentes organismos estatales que están cooperando en este proceso de desalojo (...) Toda vez, que el jueves pasado, se produjo algún tipo de amenazas por parte de los propios vecinos del sector, a aquellas personas que estaban saliendo voluntariamente y que habían recibido los beneficios que les entregaba el Estado", así lo informó el mayor Patricio Aguayo, comisario de la Tercera Comisaría, quien destacó que ayer el proceso se llevó a cabo con normalidad.

A pesar de esto, un hecho aislado terminó con la detención de un individuo por usurpación con violenta e infracción a la Ley de Control de Armas, el que en su poder habría mantenido un arma hechiza.

El presidente de la Corte de Apelaciones de Arica, Mauricio Silva, recorrió las instalaciones del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y el Juzgado de Garantía de la ciudad, con el fin de observar el trabajo desplegado por las administraciones para habilitar los tribunales ante un eventual ingreso a la Fase 2 y la reanudación de los juicios y audiencias presenciales.

Según detalló, el trabajo al interior de ambos tribunales está avanzado tanto las oficinas de los jueces y funcionarios, así como las salas de audiencia, las que están habilitadas con la infraestructura necesaria para evitar el contagio de coronavirus.

Según se informó, en la actualidad, ambos tribunales realizan sus juicios y audiencias de manera semipresencial.

Para ello, se ha desarrollado un trabajo de coordinación con las otras instituciones ligadas al sistema judicial, como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, además de Gendarmería, con la finalidad según el ministro Silva de mantener el servicio judicial en la región.