Vejez invisible
Es un dilema para los Jueces de Familia, y más en pandemia, resolver los casos del adulto mayor en situación de abandono.
Luis Jorquera Pinto, - Juez presidente del - Juzgado de Familia de Arica
El progresivo envejecimiento de la población tanto en Chile como a nivel mundial es un hecho incuestionable. La vejez no sólo repercute a nivel personal sino que familiar e incluso en las políticas públicas las que deben diseñarse conforme las nuevas necesidades. En tal sentido, el derecho no ha regulado hasta ahora de manera sistemática la protección de las personas de la tercera edad, de forma que se vuelve urgente fijar conceptos legales y ámbitos jurídicos para este grupo vulnerable de la población. Lo anterior, se ve agravado por el cambio de conformación de la familia actual, desde familias muy extensas a familias nucleares o monoparentales, lo que implica soledad y valerse por sí mismos en todos los aspectos de su vida, unido a las demás vulnerabilidades asociadas como las bajas pensiones, enfermedades, maltrato, exclusión social, etc. Bajo este contexto, se vuelve todo un dilema para las Jueces de Familia y más en época de pandemia, resolver los casos del adulto mayor en situación de abandono. La legislación respectiva aborda esta situación desde la esfera de la violencia intrafamiliar, pero en muchos eventos se trata de personas sin vínculos familiares, y por ende, no existe un denunciado o en otros casos se trata de problemas de salud que no se enmarcan dentro de las figuras jurídicas establecidas, y en tales supuestos, los Jueces, por razones humanitarias aperturan causas sobre violencia intrafamiliar, con el fin de resguardar su integridad e ingresarlos a centros hospitalarios o residenciales. El Estado de Chile ratificó el año 2017 la Convención Interamericana sobre la Protección al Adulto Mayor, el cual es el inicio de un importante sendero, pero falta camino que recorrer y quizás un cambio cultural sobre la mirada del tema puede propiciar cambios estructurales que se necesitan.
Los adultos mayores, en muchos casos, se sienten discriminados y que son una carga para la comunidad, pero la realidad es que son sujetos de derecho y merecen todo nuestro respeto y reconocimiento, y de allí la importancia de una reglamentación acorde, como podría ser la creación de una medida de protección especial, así como fortalecer la institucionalidad que poseen (Senama) con recursos humanos y materiales y que signifiquen la creación de establecimientos que permitan protegerlos del desamparo familiar. Como país, no nos favorece que nuestros adultos vivan más, si hay abandono y falta de condiciones dignas de vida. La vejez lejos de ser el término de un recorrido, debe sólo ser el comienzo de una nueva etapa, llena de oportunidades y desafíos. Toda organización que se precie de civilizada debe asegurar la dignidad de sus integrantes, y ello parte en la infancia, pero culmina en la vejez, como sociedad estamos en deuda con aquéllos, y debemos terminar con dicha injusticia.
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