Leo Riquelme

El Gobierno chileno reinició ayer su política de expulsión de extranjeros que han cometido sanciones administrativas o que estaban condenados por delitos de hasta 5 años en centros penitenciarios nacionales, práctica que había frenado a causa del coronavirus.

Un avión de la Fuerza Aérea con efectivos de la PDI llevó a 38 colombianos, que en su mayoría cumplían penas por infracciones a la ley de drogas y robos con intimidación, violencia y fuerza. El grupo deberá cumplir en su país lo que le restaba de sanción en Chile.

"Habrá más vuelos. La pandemia significó el cierre de frontera, significó un retraso en la materialización de expulsiones. Por lo mismo estamos impulsando que se empiecen a materializar nuevamente las expulsiones tomando todas las medidas sanitarias para poder realizarlas", comentó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

El último traslado se había hecho durante el verano por tierra, con 108 bolivianos. Desde ahí el Gobierno sólo ha sacado extranjeros que, aduciendo razones humanitarias, pedían volver a sus naciones golpeadas por el avance del coronavirus y sus efectos sanitarios y económicos.

El vuelo de ayer involucró una escala en Iquique, donde a los 21 recluidos en cárceles de la zona central se sumaron 17 que lo hacían en la ciudad fronteriza. Del total, 32 eran hombres y seis mujeres.

El jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional, prefecto inspector Richard Bórquez, aseguró que tomaron todas las medidas sanitarias para que los funcionarios de la PDI, de la FACH y los propios expulsados no se contagien de coronavirus en el viaje.

El oficial añadió que uno de los sacados era un hombre que colaboraba de una red que permitía el ingreso ilegal de extranjeros al país. "Eso es crimen organizado", apuntó.

10 años de prohibición de regresar a Chile tienen los expulsados del país ayer.