Adjudicación de cajas de alimentos fue ilegal
Resolución de la Contraloría señala que la empresa que ganó la propuesta de 22.500 canastas no es del rubro alimentación.
Redacción - La Estrella
La Contraloría General de la República resolvió que la adjudicación de 22.500 canastas familiares alimenticias a una empresa ariqueña no se ajusta a la legalidad.
El órgano contralor llevó a cabo una investigación tras la solicitud del senador José Miguel Insulza y el diputado Luis Rocafull, para que se determinara si había irregularidades en el proceso de adjudicación para la compra de 22.500 canastas de alimentos, proceso llevado a cabo por la intendencia regional.
Básicamente, en sus argumentos, la Contraloría General establece que la empresa ganadora de la licitación vía trato directo, no es del rubro alimenticio, sino que su ámbito de acción es el de prestar asesorías.
La entidad indica que "a través de la resolución 42, la Contraloría General de la República representó (declaró ilegal) el contrato suscrito por la Intendencia Regional de Arica y Parinacota, por trato directo, con la empresa Tobar y Tobar Ltda. para el suministro de cajas familiares, ya que no se encuentra ajustado a derecho".
Actividades
El objeto social de dicha empresa - indican - está dirigido al desarrollo de actividades de asesoría empresarial y jurídica, intermediación financiera, fabricación y reparación de componentes electrónicos y de iluminación, reciclaje de desperdicios y venta de artículos usados.
"En el portal del Servicio de Impuestos Internos, el contratista declara como giro otras actividades de impresión; consultoría de gestión; alquiler de otros efectos personales y enseres domésticos; organización de convenciones y de exposiciones comerciales, y otras actividades", señala la resolución, tras la investigación.
Dictamen
En consecuencia, el órgano contralor afirma que ni el objeto social ni el giro declarado ante el SII de la empresa en cuestión tienen relación con el objeto del contrato, "sin que en el acto administrativo se señalen los motivos para, primero, requerirle una cotización, y luego subscribir un contrato con la modalidad de trato directo".
Intendencia
Consultados sobre esta resolución, desde la Intendencia Regional se emitió una declaración que señala que "para nuestro Gobierno, el correcto funcionamiento de todos los procesos es esencial para cumplir nuestro rol, y nuestro foco es y será siempre el bienestar de la ciudadanía, más aún en un escenario tan complejo como el que vivimos hoy".
La nota añade que "hemos recibido los antecedentes desde Contraloría y por lo mismo hemos decidido suspender la entrega de cajas de alimentos".
Acerca de lo que sucederá con este proceso indican que "por el momento estamos analizando todas las medidas necesarias de manera urgente para resolver y restablecer la repartición de esta ayuda a las personas que tanto lo necesita para enfrentar esta crisis sanitaria".
Medidas
Contraloría en su resolución recordó que "La ley exige que los proveedores a quienes se solicite cotización tengan negocios de naturaleza similar a la contratación, lo que no sucede con la empresa contratista. En razón de lo expuesto, la Contraloría declaró ilegal este contrato. Por lo tanto, la Intendencia deberá adoptar las medidas para adecuar su actuación a la legalidad, velando por el debido cumplimiento de esta política pública destinada a enfrentar la situación de emergencia".